La Cámara de Diputados dio media sanción a una profunda Reforma Laboral que modifica aspectos centrales del mundo del trabajo en Argentina. Desde cómo se negocian los convenios hasta qué pasa con las indemnizaciones, las vacaciones y el derecho a huelga, el proyecto introduce cambios que impactarán tanto en trabajadores como en empresas.
A continuación, los puntos más importantes:
Convenios colectivos: más poder a acuerdos por empresa
Hasta ahora, los convenios por actividad (por ejemplo, comercio, construcción o bancarios) marcaban el piso de derechos. La reforma le da prioridad a los acuerdos por empresa o por región, incluso por encima de los convenios sectoriales.
Además, se elimina la llamada “ultraactividad”. Esto significa que, si un convenio vence y no se firma uno nuevo, deja de aplicarse automáticamente. Hoy, en cambio, sigue vigente hasta que haya reemplazo.
En la práctica, esto podría generar condiciones distintas entre empresas de una misma actividad.
Fondo para pagar indemnizaciones
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que ayudará a las empresas a pagar indemnizaciones.
- Las grandes empresas deberán aportar el 1% del salario bruto de cada trabajador.
- Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) deberán aportar el 2,5%.
El punto controversial es que esos aportes hoy van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que financia jubilaciones. Es decir, parte de ese dinero dejaría de ir al sistema previsional.
Indemnizaciones: qué cambia si te despiden
Se mantiene la base tradicional: un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses.
Pero hay cambios clave:
- No se incluirán en el cálculo el aguinaldo ni premios extraordinarios.
- Se fija un tope máximo: no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio.
- Tampoco podrá ser menor al 67% del sueldo habitual ni inferior a un mes.
- Si la indemnización es fijada por un juez, podrá pagarse en cuotas:
- Hasta 6 cuotas en grandes empresas.
- Hasta 12 cuotas en MiPyMEs.
- Ajustadas por inflación más un 3% anual.
Además, la indemnización será la única reparación posible por despido sin causa.
Vacaciones: podrán dividirse
Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada período no sea menor a 7 días corridos.
El descanso deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque empleador y trabajador podrán acordar otra fecha.
La empresa deberá avisar con 30 días de anticipación, salvo que el convenio diga otra cosa.
Banco de horas: jornadas más largas algunos días
Se permite acordar un sistema de “banco de horas”, por escrito.
Esto implica que se pueden trabajar más horas algunos días y compensarlas con menos horas o francos en otros.
- El límite es de 12 horas por jornada.
- Deben respetarse 12 horas de descanso entre jornadas.
- No puede superarse el máximo semanal legal.
El acuerdo puede hacerse directamente entre empleador y trabajador o con intervención sindical.
Trabajadores de plataformas
Se crea la figura del “repartidor independiente”.
La ley establece que no será considerado empleado en relación de dependencia, sino un prestador de servicios independiente. Es decir, no tendrá los derechos laborales tradicionales como indemnización, vacaciones pagas o aguinaldo.
Derecho a huelga: más servicios deberán funcionar
La reforma amplía el listado de servicios esenciales, incluyendo la educación en todos sus niveles.
- Los servicios esenciales deberán funcionar al 75% durante una huelga.
- Los servicios “trascendentales” deberán garantizar un 50%.
Además, las asambleas en los lugares de trabajo necesitarán autorización previa del empleador.
Blanqueo laboral y beneficios para empleadores
Para incentivar la formalización del empleo:
- Se perdonará hasta el 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social.
- Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce en un 8% las cargas patronales para quienes registren nuevos trabajadores.
Un cambio profundo
La Reforma Laboral plantea un giro estructural en el sistema laboral argentino. Para el Gobierno, apunta a generar empleo formal y reducir la litigiosidad. Para sectores sindicales y opositores, implica una flexibilización que podría debilitar derechos históricos de los trabajadores.
El debate recién comienza, ahora en el Senado. Lo que está claro es que, de convertirse en ley, cambiará reglas que llevan décadas vigentes en la Argentina.