La Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de un hecho sin precedentes que mezcla la protesta política con el sabotaje técnico.
Florencia Carignano, legisladora de Unión por la Patria, fue captada por las cámaras de seguridad desconectando cables y dispositivos esenciales para el registro de la sesión justo antes del debate de la Reforma Laboral. Lejos de disculparse, la diputada redobló la apuesta y defendió su accionar como una medida de resistencia.
En declaraciones radiales, Carignano minimizó el incidente calificándolo de “estupidez” frente a la gravedad de la ley que se discutía: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes. Lo volví a poner a los dos minutos. La gente se escandaliza por esto cuando no se da cuenta de que se están robando la vida y la dignidad”.
El argumento de la “sesión irregular”
La diputada contextualizó su protesta como una reacción a la conducción de Martín Menem, a quien acusó de violar sistemáticamente el reglamento de la Cámara. Según Carignano, el oficialismo buscó acelerar el tratamiento de la reforma impidiendo la palabra a la oposición y manteniendo el quórum de manera artificial. “Todo tiene que ser rápido porque es todo tan vergonzoso que las reglas las ponen ellos”, sentenció, justificando la desconexión de los equipos como un intento de frenar una sesión que consideraba inválida.
La respuesta de LLA: El artículo 66
La reacción del oficialismo fue inmediata y drástica. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, presentó un proyecto de resolución para solicitar la expulsión formal de Carignano basándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que permite a las cámaras corregir a sus miembros por “desorden de conducta”.
Los fundamentos del pedido de expulsión subrayan que:
Afectación institucional: La desconexión de los equipos de taquigrafía pone en riesgo la validez de las actas parlamentarias.
Sabotaje: Califican el acto como ilegal y contrario al espíritu democrático.
Agresión al personal: Diputados como Lilia Lemoine denunciaron que la acción interfirió directamente con el trabajo de los empleados técnicos del Congreso.
Mientras Carignano sostiene que su gesto fue una defensa de los derechos laborales, el oficialismo busca sentar un precedente para evitar que las disputas políticas deriven en la inhabilitación técnica del recinto. El pedido de expulsión ahora deberá ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, en lo que promete ser un nuevo capítulo de alta tensión en el Congreso.