El conflicto judicial entre el Estado Nacional y la provincia de La Rioja por el manejo de fondos públicos destinados a infraestructura de transporte comienza a avanzar con mayor fuerza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demandas impulsadas por la Secretaría de Transporte de la Nación ya registraron movimientos procesales recientes y quedaron bajo análisis del máximo tribunal.
Las causas, identificadas como expedientes CSJ 1079/2025 y CSJ 1098/2025, reclaman la devolución de más de $126 millones transferidos a la provincia para la construcción y refacción de terminales de ómnibus en el interior riojano. Según consta en el sistema informático judicial, durante febrero de 2026 ambos expedientes pasaron a despacho y fueron recibidos por la Vocalía N.º 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que marca un avance concreto en la tramitación del caso.
El impulso judicial llega después de que, a mediados de 2025, la Procuración General de la Nación dictaminara que, al tratarse de un conflicto entre el Estado Nacional y una provincia, el caso corresponde a la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema.
El caso de la terminal de Chepes
Uno de los expedientes se refiere a la obra denominada “Implantación de la nueva terminal de ómnibus de Chepes”, en el departamento Rosario Vera Peñaloza.
En el expediente CSJ 1079/2025, el Gobierno nacional reclama que la provincia restituya $88.526.392,94, más los intereses derivados de la depreciación monetaria.
Ese dinero había sido transferido en noviembre de 2021 como primer desembolso para iniciar la obra. Sin embargo, según la demanda presentada por la Secretaría de Transporte, la rendición de cuentas presentada por la provincia fue rechazada por la autoridad de aplicación, debido a que no se logró acreditar un nivel razonable de avance de obra ni un uso eficiente de los fondos girados.
Irregularidades en la terminal de Chamical
El segundo expediente judicial está vinculado a la “Refacción de la Terminal de Ómnibus de Chamical”, proyecto que también había sido financiado con recursos nacionales.
En la causa CSJ 1098/2025, el Estado Nacional exige la devolución de $37.934.203,36, correspondientes a fondos transferidos tras un convenio firmado en septiembre de 2021.
En este caso, el rechazo a la rendición de cuentas fue aún más contundente. Según la documentación judicial, se constató que la provincia modificó el proyecto de manera “inconsulta y unilateral”, apartándose del acuerdo original firmado con la Nación.
Además, se verificó que en el predio donde debía ejecutarse la obra ni siquiera existían trabajos iniciados que permitieran avanzar con la remodelación prevista.
El argumento de la Nación: “enriquecimiento sin causa”
En ambos litigios, la Secretaría de Transporte sostiene que previamente intimó al gobierno riojano a devolver los fondos en un plazo de cinco días. Ante la falta de restitución, el Estado Nacional decidió avanzar con las demandas ante la Corte Suprema.
El argumento central de la presentación judicial es que la conducta atribuida a la provincia generó un “enriquecimiento sin causa” para La Rioja, mientras que las arcas nacionales habrían sufrido el correspondiente perjuicio económico.
Con los expedientes ya en análisis en la Corte Suprema, el conflicto podría convertirse en uno de los casos más relevantes de disputa judicial entre la Nación y la provincia por el manejo de fondos federales destinados a obra pública.