Por Angel Flores
Un episodio tan grave como indignante vuelve a poner bajo la lupa a la justicia federal riojana. El 23 de noviembre de 2015, apenas un día después del triunfo electoral de Mauricio Macri, se habría llevado adelante un operativo irregular dentro del Banco Rioja que, según testigos y material audiovisual exclusivo en poder de este medio, consistió en la extracción de millonarios fondos públicos en condiciones totalmente anómalas.
Los registros muestran cómo, fuera del horario bancario, un grupo de personas retira al menos diez cajas —aparentemente de resmas de papel— cargadas de dinero en efectivo, que son trasladadas en un vehículo particular. Todo esto con custodia policial y, lo más llamativo, con las cámaras internas del banco apagadas deliberadamente.
Según las fuentes, quien habría coordinado el operativo fue el contador Alejandro Ticac, por entonces funcionario del Ministerio de Hacienda que conducía Ricardo Guerra durante la gestión de Luis Beder Herrera, y que tadavía ninguna de estas personas han sido citadas a declarar.
El material es contundente. En un primer video se observa la organización del retiro de las cajas desde el interior del banco. En el segundo, captado por una cámara externa sobre calle Rivadavia, se confirma la salida de las mismas en un operativo sincronizado. Las fuentes aseguran que el dinero correspondía a fondos enviados desde Nación para programas sociales, particularmente vinculados a viviendas, que debían ser distribuidos a fundaciones y ONG.
El monto estimado del dinero sustraído asciende a unos 800 millones de pesos, según la declaración de una fuente de El Federal que presenció el operativo de saqueo. Una cifra que, de confirmarse, colocaría este hecho dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de La Rioja.
Pero lo verdaderamente escandaloso no es solo el hecho en sí. Es lo que vino después: el silencio judicial
A pesar de la existencia de estos videos y testimonios, el juez federal Daniel Piedrabuena no habría incorporado este material a la causa que investiga el desvío de fondos públicos a través de fundaciones. Una causa impulsada en su momento por la PROCELAC, que lleva años sin avances concretos y con reiteradas dilaciones.
La pregunta es inevitable: ¿por qué?
¿Por qué un material de esta magnitud, que podría cambiar el rumbo de la investigación, permanece fuera del expediente? ¿Qué explicación puede dar la justicia frente a un operativo que, según las pruebas, se realizó con planificación, logística, cobertura y presunto respaldo político?
Las sospechas sobre la cercanía entre el juez Piedrabuena y el círculo íntimo de Luis Beder Herrera vuelven a tomar fuerza. La falta de acción judicial no hace más que alimentar la percepción de impunidad y de una justicia federal permeable al poder político de turno.
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Este caso no solo expone un posible saqueo de fondos públicos, sino también un entramado más profundo: el de una estructura que habría operado durante años con total impunidad, desviando recursos destinados a los sectores más vulnerables.
Los videos difundidos por El Federal no son un dato menor. Son, potencialmente, una prueba clave. Y su exclusión del expediente judicial no es un detalle técnico: es un escándalo institucional.
En una provincia golpeada por la pobreza y la falta de oportunidades, la sociedad merece respuestas. Y, sobre todo, justicia. Pero mientras el expediente duerme y las pruebas quedan afuera, la sensación es otra: que el poder se protege a sí mismo.
Y que, una vez más, nadie paga.