Por Angel Flores
Mientras en Mendoza al menos ocho intendentes ya evalúan recortar gastos, reducir la cantidad de concejales y revisar la enorme estructura de empleados de los concejos deliberantes, la pregunta surge inevitablemente: ¿por qué no abrir el mismo debate en La Rioja?
El planteo mendocino no es menor. Intendentes de distintos signos políticos comenzaron a cuestionar el tamaño de sus cuerpos deliberativos, el volumen de cargos que sostienen y el verdadero nivel de representación que hoy tienen. Incluso uno de los jefes comunales del Gran Mendoza ya analiza un ajuste cercano al 35% sin esperar la reforma constitucional provincial, con la idea de instalar el debate de manera inmediata.
El argumento es claro: menos estructura política, menos gasto, más eficiencia. También sostienen que muchos concejos deliberantes se han transformado con el tiempo en estructuras sobredimensionadas, con plantillas de personal que crecen sin correlato con las necesidades reales de los vecinos.
La discusión abre un punto sensible que también interpela directamente a La Rioja. ¿Cuántos concejales necesita realmente cada municipio? ¿Cuántos empleados sostienen los cuerpos deliberativos? ¿Qué volumen del presupuesto se destina al funcionamiento político y cuánto a servicios para la comunidad?
La autonomía municipal, que en Mendoza buscan profundizar con la reforma constitucional, permite a los intendentes redefinir la cantidad y el perfil de sus concejales mediante Cartas Orgánicas con peso institucional propio. Es decir, se abre la posibilidad de rediseñar la estructura política desde la base.
En La Rioja, el debate prácticamente no existe. Sin embargo, el crecimiento del gasto político municipal ha sido constante en los últimos años. Concejos deliberantes con bloques numerosos, asesores, contratados, personal administrativo y estructuras paralelas que muchas veces duplican funciones del Ejecutivo.
La pregunta incómoda aparece sola: ¿están representando mejor a los vecinos o sosteniendo estructuras políticas?
El contexto económico actual obliga a revisar todo. Municipios con dificultades para prestar servicios básicos, reclamos por falta de obras, problemas en recolección, mantenimiento urbano y asistencia social. En ese escenario, el gasto político vuelve al centro de la discusión.
Reducir concejales no significa debilitar la democracia. Por el contrario, puede implicar mayor responsabilidad, mejor funcionamiento legislativo y cuerpos más ágiles. Lo mismo ocurre con la revisión del número de empleados y cargos políticos.
El planteo mendocino funciona como disparador. Si allí ocho intendentes ya evalúan aplicar la “motosierra” a sus concejos deliberantes, La Rioja no debería quedar al margen de una discusión que atraviesa a todo el país.
¿Es posible un Concejo Deliberante más chico?
¿Es necesario revisar la planta de empleados?
¿Se puede reducir el gasto político municipal?
¿Hay voluntad para hacerlo?
Son preguntas que tarde o temprano deberán ponerse sobre la mesa. Porque en tiempos donde se exige ajuste a todos los sectores, la política también queda bajo la lupa.
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A esa discusión también debería sumarse otro punto clave: la preparación mínima para ocupar una banca.
Si muchos empleos del sector privado exigen al menos el secundario completo —como ocurre incluso en trabajos básicos de supermercados— resulta razonable plantear si quienes deben legislar, analizar presupuestos, controlar al Ejecutivo y tomar decisiones que impactan en toda la comunidad no deberían cumplir, como piso mínimo, con esa misma condición.
No se trata de excluir, sino de jerarquizar la función pública, garantizando que los concejales cuenten con herramientas básicas de comprensión administrativa, normativa y presupuestaria para ejercer con responsabilidad el rol que les confían los vecinos.
La motosierra llegó a los concejos deliberantes en Mendoza.
La duda ahora es si en La Rioja alguien se animará a encenderla.