[REDACCIÓN EL FEDERAL] El gobernador Ricardo Quintela firmó un decreto mediante el cual la provincia de La Rioja mantendrá sin aumentos, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2026, las tarifas y precios de distintos servicios públicos y esenciales de jurisdicción provincial.

La medida alcanza a los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, transporte urbano de pasajeros y conectividad, cuyos cuadros tarifarios permanecerán en los valores vigentes al 30 de abril.

Además, el decreto dispone una reducción extraordinaria del 20 por ciento en las cuotas de las viviendas sociales adjudicadas por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU). Esos valores, además, quedarán congelados durante todo el período de vigencia de la medida.

La decisión comprende a las empresas y organismos provinciales encargados de la prestación de estos servicios, entre ellos EDELAR SAU, Aguas Riojanas SAU, La Rioja Telecomunicaciones SAPEM y la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo de Pasajeros.

Según se informó oficialmente, los entes prestatarios deberán garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados por la disposición.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial advirtió sobre el “fuerte impacto que las políticas económicas nacionales tienen sobre los hogares riojanos”. En ese sentido, se mencionó el incremento del costo de los servicios esenciales, producto de la eliminación de subsidios y medidas compensatorias para sectores vulnerables, así como la desregulación de precios.

La norma también remarca que el acceso al agua potable, la energía eléctrica y la conectividad digital constituye un derecho fundamental en el ámbito provincial y una condición indispensable para garantizar una vida digna.

Para asegurar la aplicación de estas medidas, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas fue facultado a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias que permitan sostener financieramente a las empresas prestatarias y garantizar su normal funcionamiento.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se trata de un importante esfuerzo económico destinado a proteger el poder adquisitivo de las familias riojanas y asegurar el acceso a servicios esenciales en un contexto económico adverso.

Fuente: Gobierno de La Rioja.