El ex senador Jorge Yoma confirmó que la provincia presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto-ley 18.004 de la dictadura de Juan Carlos Onganía, al que considera el origen del recorte territorial que favoreció a San Juan. Además, solicitará una medida cautelar para impedir que la Nación otorgue beneficios del RIGI a proyectos mineros ubicados en el área en conflicto.
El histórico diferendo limítrofe entre La Rioja y San Juan ingresará en una nueva etapa judicial. El ex senador nacional y abogado del Gobierno riojano, Jorge Yoma, anunció que la provincia presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 18.004 de 1968, dictado durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, norma que modificó la delimitación entre ambas provincias.
Según sostuvo Yoma, la estrategia legal fue diseñada desde el inicio de la gestión de Ricardo Quintela y mantiene como objetivo alcanzar una solución institucional al conflicto, aunque ahora por la vía judicial.
El planteo estará acompañado por una medida cautelar para que el Estado nacional se abstenga de otorgar beneficios fiscales previstos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a emprendimientos mineros o de cualquier otra actividad que se desarrollen dentro del territorio cuya pertenencia reclama La Rioja.
Desde la posición riojana, la provincia nunca adhirió al RIGI y, por lo tanto, considera que no pueden concederse incentivos sobre un territorio cuya jurisdicción aún se encuentra cuestionada.
La base histórica del reclamo
Los fundamentos difundidos por Yoma sostienen que el límite entre La Rioja y San Juan quedó establecido originalmente mediante la Real Cédula del 29 de agosto de 1563, dictada por el rey Felipe II, que creó la Gobernación del Tucumán.
El documento sostiene además que durante la organización territorial colonial y luego de la independencia esos límites se mantuvieron sin modificaciones sustanciales.
Según esa reconstrucción histórica, el primer conflicto formal surgió entre 1887 y 1888, cuando San Juan planteó revisar la delimitación. El arbitraje impulsado por el entonces presidente Miguel Juárez Celman nunca llegó a concretarse tras su renuncia.
Posteriormente, en 1911, representantes de ambas provincias —Pelagio B. Luna por La Rioja y Juan Patricio Tierne por San Juan— firmaron un acuerdo mediante el cual, según la interpretación riojana, San Juan reconocía como límite el establecido por la Real Cédula de 1563.
El eje del conflicto: la ley de Onganía
Para La Rioja, el punto de quiebre llegó en 1968, cuando la dictadura de Onganía dictó la Ley 18.004, redefiniendo la traza limítrofe.
La posición oficial riojana sostiene que esa norma desconoció acuerdos previos alcanzados entre gobiernos constitucionales y produjo una pérdida territorial en favor de San Juan.
El documento recuerda además que en 1974 la Legislatura de La Rioja rechazó expresamente esa ley mediante la Ley Provincial 3.468 y que ese mismo año la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto para derogarla. Sin embargo, el golpe militar de 1976 impidió que el Senado completara su tratamiento.
También señala que en 2010 los entonces legisladores nacionales Carlos Menem y Julio Martínez promovieron nuevas iniciativas para dejar sin efecto la Ley 18.004.
El argumento jurídico
Uno de los principales argumentos que anticipa la provincia se apoya en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2024, citado por Yoma, según el cual la Ley 26.939 del Digesto Jurídico Argentino no mantuvo vigente la Ley 18.004.
Sobre esa interpretación, La Rioja sostendrá que la norma dictada durante la dictadura carece hoy de validez jurídica suficiente para definir los límites interprovinciales y que corresponde resolver el diferendo conforme al procedimiento previsto por la Constitución Nacional.
El impacto sobre la minería
La decisión de incorporar una medida cautelar introduce un nuevo componente económico al conflicto.
El Gobierno riojano pretende impedir que empresas con proyectos mineros ubicados en la zona en disputa accedan a los beneficios fiscales del RIGI mientras no exista una resolución definitiva sobre la pertenencia del territorio.
La estrategia busca evitar que inversiones impulsadas por la Nación consoliden, de hecho, una jurisdicción que La Rioja considera propia.
Con este paso, el histórico diferendo limítrofe deja de ser exclusivamente una discusión política e histórica para trasladarse nuevamente al terreno judicial, en un contexto marcado por el creciente interés económico sobre los recursos minerales de la región y por la expansión de grandes proyectos de exploración y explotación en el oeste argentino.