OPINIÓN / ANÁLISIS ECONÓMICO
Por la Redacción de El Federal Online
El reciente Decreto 1293 impulsado por la gestión del gobernador Ricardo Quintela encendió las alarmas en el sector comercial y financiero de La Rioja. Lo que desde el discurso oficial pretende presentarse como un alivio temporal frente a la crisis, amenaza con convertirse en un bumerán de graves consecuencias económicas y sociales para la provincia.
Detrás de una medida redactada con marcada deficiencia técnica y un evidente distanciamiento de la realidad operativa del mercado, el Ejecutivo riojano incurre en un error diagnóstico de graves proporciones.
1. Un peligroso mensaje a la ciudadanía
El primer efecto devastador del Decreto 1293 es de índole cultural y de conducta crediticia. La lectura directa de la norma genera la falsa sensación de que el Estado provincial autoriza a “no pagar las deudas”. Esta distorsión destruye la cadena de pagos y rompe la confianza entre comerciales, instituciones y consumidores.
2. Postergación del problema, no solución
La suspensión de las ejecuciones prendarias por un plazo de 180 días no condona ni resuelve el endeudamiento de las familias riojanas. Cumplido dicho período, el problema regresará multiplicado: los acreedores avanzarán con los secuestros de vehículos y bienes. El decreto solo dilata la agonía sin ofrecer un esquema de reestructuración genuino.
3. Ambigüedad normativa y vacío legal
La medida contempla la creación de un nuevo Registro de Entidades Financieras, pero incurre en una omisión crítica: no especifica taxativamente qué empresas o instituciones quedan comprendidas. Esta vaguedad jurídica deja en la indefensión tanto a comercios locales como a los propios deudores, abriendo la puerta a arbitrios e interpretaciones contradictorias.
4. Ausencia del Banco Rioja como articulador
Resulta insólito que un decreto de esta magnitud no incluya de manera explícita al Banco Rioja para estructurar un verdadero plan de salvataje al deudor. Sin una herramienta financiera pública articulada que refinancie los compromisos a tasas razonables, la norma queda reducida a un mero parche declarativo.
5. El impacto real: la amenaza de despidos masivos
La consecuencia más dramática recaerá directamente sobre los trabajadores. El corte de los flujos de cobro proyecta una ola de morosidad artificial que resentirá las arcas de las casas de electrodomésticos, comercios locales y financieras de proximidad. Ante la imposibilidad de cobrar sus acreencias y sostener su operatividad, el riesgo inminente es el cierre de locales y despidos masivos en el sector comercial.
El trasfondo del Decreto 1293 expone que el gobernador ha sido mal informado sobre el impacto real de estas normativas. Lejos de resolver el sobreendeudamiento, el decreto debilita el empleo local, posterga ejecuciones e introduce una incertidumbre que terminará perjudicando a los mismos riojanos que prometió proteger.