Por Angel Flores
La Cámara de Diputadas y Diputados de La Rioja aprobó un aporte extraordinario destinado a financiar comedores escolares y tarjetas alimentarias. La medida fue presentada como una herramienta de emergencia social y tendrá vigencia durante cuatro meses.
Pero detrás del anuncio oficial aparece una enorme zona gris: nadie sabe cuáles son las 29 empresas alcanzadas, cuánto dinero deberán aportar ni bajo qué criterios fueron seleccionadas.
La ley fue aprobada. La obligación existe. Lo que falta es la información.
Mientras el gobierno provincial exige un esfuerzo económico a un grupo reducido de empresas, los nombres permanecen bajo llave. Tampoco se conoce cuál será la recaudación esperada, ni el impacto que tendrá la medida sobre el sector privado riojano.
La situación genera un interrogante inevitable: ¿por qué tanto hermetismo alrededor de una norma que ya fue sancionada?
Si las empresas fueron elegidas por su capacidad contributiva, no debería existir impedimento para transparentar la nómina. Si el aporte tiene un fin social legítimo, tampoco debería haber razones para ocultar cuánto dinero aportará cada firma ni cuánto espera recaudar el Estado.
La falta de precisiones alimenta dudas sobre la verdadera dimensión de la medida y sobre los criterios utilizados para determinar quién paga y quién no.
El tema adquiere especial relevancia en una provincia donde el sector privado lleva años denunciando presión fiscal, caída del consumo, dificultades para invertir y escasa generación de empleo genuino. En ese contexto, la creación de nuevos aportes extraordinarios sin información pública completa vuelve a encender las alarmas.
La contradicción también resulta evidente. Mientras el discurso oficial habla de transparencia y justicia social, la información básica sobre una nueva carga económica permanece fuera del alcance de la ciudadanía.
Los riojanos saben que habrá un nuevo aporte. Saben que alcanzará a 29 grandes empresas. Saben que los fondos irán a programas alimentarios.
Lo que todavía no saben es quiénes son los que pagarán la cuenta.
Y cuando una ley crea obligaciones económicas pero oculta a sus destinatarios, la pregunta deja de ser tributaria para convertirse en política.
¿Por qué el Gobierno de Ricardo Quintela y la mayoría legislativa aprobaron una medida de estas características sin difundir la nómina de empresas alcanzadas? ¿Qué empresas integran ese grupo privilegiado de información reservada? ¿Cuánto dinero aportará cada una? ¿Cuál será la recaudación final?
Hasta ahora, no hay respuestas oficiales.
Y en materia de fondos públicos, impuestos y contribuciones obligatorias, el silencio nunca es sinónimo de transparencia.