Por Angel Flores
Las declaraciones del diputado provincial Cristian Pérez generaron polémica y reavivaron un debate que en La Rioja parece no tener fin: la distancia cada vez más grande entre la realidad de la dirigencia política y la de los ciudadanos que dicen representar.
Durante una entrevista, el legislador sostuvo que “de la política no se puede vivir” y explicó que el salario de un diputado provincial ronda los $1,9 millones mensuales. Según argumentó, mantener una familia, viajar desde el interior y afrontar los gastos cotidianos le obliga a sostener también una actividad privada.
Sin embargo, sus palabras chocan de frente con la realidad que viven miles de familias riojanas que deben subsistir con ingresos muy inferiores a esa cifra. Empleados públicos, trabajadores municipales, jubilados y beneficiarios de programas estatales enfrentan cada mes una lucha permanente para llegar a fin de mes, con salarios que en muchos casos no alcanzan siquiera para cubrir la canasta básica.
La afirmación de que un ingreso cercano a los dos millones de pesos resulta insuficiente para vivir abre un interrogante inevitable: ¿qué deberían decir entonces los miles de riojanos que cobran una fracción de ese monto?
La Rioja acumula décadas de administraciones peronistas que prometieron desarrollo, crecimiento económico y generación de empleo genuino. Sin embargo, la provincia continúa encabezando los rankings de dependencia del empleo público, bajos salarios y escasas oportunidades para el sector privado.
Mientras los funcionarios discuten si pueden sostenerse con ingresos millonarios, una enorme porción de la población sigue atrapada en una economía que no logra despegar, dependiendo de bonos, ayudas extraordinarias y aumentos salariales que frecuentemente quedan por detrás de la inflación.
Las declaraciones de Pérez también ponen sobre la mesa otra discusión incómoda: el verdadero costo de la política. Aunque el diputado aclaró que existen adicionales y conceptos vinculados a traslados, reconoció que el salario base de un legislador provincial ronda los $1,9 millones. Una cifra que para gran parte de los trabajadores riojanos resulta inalcanzable.
Paradójicamente, el propio legislador admitió que la mala imagen de la dirigencia fue construida por los mismos políticos.
Y quizás allí se encuentre la clave del problema.
Porque la desconfianza social no surge únicamente de los discursos cruzados entre dirigentes. Nace cuando quienes ocupan cargos públicos parecen perder dimensión de la realidad cotidiana que enfrentan los ciudadanos.
En una provincia donde miles de familias deben elegir entre pagar servicios, comprar medicamentos o llenar la heladera, escuchar que un diputado considera insuficiente un ingreso cercano a los dos millones de pesos no hace más que profundizar la sensación de desconexión entre la política y la sociedad.
La pregunta queda planteada: si un legislador sostiene que no puede vivir con lo que gana, ¿cómo se supone que sobrevivan los miles de riojanos que cobran mucho menos después de décadas de promesas incumplidas?