Por Angel Flores
Mientras el Gobierno de La Rioja continúa anunciando programas, bonos, subsidios y millonarias inversiones estatales, la realidad social muestra una situación cada vez más preocupante: el 38,4% de los habitantes de la Capital riojana vive en la pobreza y unas 93.000 personas no logran cubrir el costo de la Canasta Básica Total.
Los datos corresponden al último informe del INDEC para el primer semestre de 2026 y reflejan un deterioro de las condiciones de vida en la provincia, que volvió a ubicarse entre las jurisdicciones con peores indicadores sociales del país.
La cifra no sólo resulta alarmante por sí misma. También deja a La Rioja 6,1 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que fue del 32,3%, convirtiéndola en una de las provincias más castigadas por la pobreza en todo el Norte Argentino.
El informe oficial ubica al aglomerado La Rioja como el segundo con mayor índice de pobreza de toda la región NOA, apenas por debajo de Santiago del Estero-La Banda, que registró un 38,5%.
Esto significa que, pese a los permanentes discursos oficiales sobre crecimiento, desarrollo e inclusión social, la provincia continúa exhibiendo indicadores que la colocan entre las más vulnerables del país.
En términos concretos, más de uno de cada tres riojanos es pobre
A su vez, el 26,6% de los hogares del aglomerado no logra reunir ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Traducido a números reales, son aproximadamente 20.000 familias que enfrentan dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales.
La situación resulta aún más grave cuando se observa la indigencia.
El 4,7% de la población, unas 11.000 personas, no alcanza siquiera a cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria, el umbral mínimo para satisfacer necesidades nutricionales básicas.
Detrás de ese porcentaje existen familias que deben reducir comidas, limitar consumos esenciales o depender de asistencia estatal para subsistir.
La indigencia afecta además a unos 2.000 hogares riojanos, revelando la persistencia de núcleos familiares atrapados en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los datos generan interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas por la administración provincial durante los últimos años.
La Rioja mantiene una de las estructuras estatales más grandes del país en relación con su población, destina importantes recursos a programas de asistencia social y sostiene un elevado nivel de empleo público como herramienta de contención económica.
Sin embargo, los indicadores muestran que esos mecanismos no han logrado revertir los niveles de pobreza estructural ni mejorar significativamente la situación de miles de familias.
La dependencia del empleo estatal, la escasa generación de inversión privada y la limitada creación de puestos de trabajo genuinos continúan apareciendo como algunos de los principales desafíos económicos de la provincia.
Especialistas consultados atribuyen el empeoramiento de los indicadores al creciente desfase entre los ingresos familiares y el aumento del costo de vida.
Durante el semestre, los salarios y recursos de los hogares crecieron por debajo de la evolución de las canastas básicas, provocando que numerosos sectores que anteriormente lograban mantenerse por encima de la línea de pobreza terminaran cayendo por debajo de ese umbral.
La consecuencia es visible en las estadísticas: la pobreza en la Capital riojana pasó del 36,7% registrado a fines de 2025 al 38,4% actual.
Una realidad que contradice el relato oficial
Los números difundidos por el INDEC vuelven a poner sobre la mesa una realidad incómoda para el Gobierno provincial.
Mientras desde la administración de Ricardo Quintela se insiste en destacar inversiones, programas sociales y políticas de contención, los indicadores oficiales muestran que la pobreza continúa creciendo y que decenas de miles de riojanos siguen sin poder cubrir necesidades básicas.
La información también adquiere relevancia porque corresponde únicamente al aglomerado urbano de la Capital. Es decir que no contempla la situación del interior provincial, donde diversos sectores productivos y comerciales vienen advirtiendo sobre una fuerte caída de la actividad económica y del poder adquisitivo.
Con 93.000 pobres y 11.000 indigentes, La Rioja enfrenta un escenario social que sigue encendiendo señales de alarma y que plantea serios interrogantes sobre los resultados de las políticas económicas y sociales aplicadas en la provincia durante los últimos años.