La Corte Suprema exige que las tasas municipales guarden relación con el costo real del servicio. Las estimaciones técnicas de la oposición demuestran que el Municipio recauda hasta cuatro veces más de lo que gasta en alumbrado. La trampa de una caja libre de control, los centros vecinales haciendo rifas para comprar focos y la sombra del financiamiento político para la vicegobernación.
Una tasa municipal no es un cheque en blanco. No es un impuesto que un intendente pueda inventar o inflar a piacere para engrosar sus cuentas de libre disponibilidad.
Existe un principio básico en el derecho tributario argentino, ratificado una y otra vez por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: toda tasa debe corresponder a un servicio efectivamente prestado y su monto debe guardar una relación razonable con el costo real de ese servicio.
En Chilecito, sin embargo, la gestión de Rodrigo Brizuela y Doria decidió saltarse esa regla constitucional. La ingeniería armada alrededor de la boleta de EDELaR —con la reactivación del 15% y la suma de la Monotasa de $3.000— no tiene como objetivo pagar el costo del alumbrado público y la limpieza: se convirtió en un impuesto encubierto para armar una caja millonaria discrecional.
La trampa de los números: se recauda cuatro veces lo que se gasta
¿En qué consiste el servicio de alumbrado público que el Municipio tiene derecho a cobrar? Muy simple: en pagarle a EDELaR la electricidad que consumen las luminarias de las calles, avenidas y plazas de Chilecito, más el costo técnico de cambiar focos y reparar líneas.
Fueron los propios equipos técnicos de la oposición en el Concejo Deliberante quienes pusieron la lupa sobre la cuenta que el oficialismo no quiere que nadie haga. Si se cruza el consumo estimado de la totalidad de las luminarias del departamento con el cuadro tarifario oficial, el costo real mensual que el Municipio debería pagarle a EDELaR ronda una fracción de lo que retiene. Mientras la comuna embolsaría entre $150 y $200 millones mensuales por la suma del 15% y los $3.000 fijos, el costo efectivo del alumbrado apenas demandaría entre $40 y $50 millones.
La brecha es abismal: el Municipio estaría cobrando hasta cuatro veces más de lo que realmente cuesta el servicio.
Dicho en términos sencillos: si el servicio cuesta 4, pero a los vecinos les cobran 16, sobran 12. Esos más de $100 millones mensuales de excedente limpio pierden automáticamente el carácter de tasa y se convierten en una exacción ilegal. Es dinero que el Estado municipal le quita indebidamente a las familias bajo el rótulo de un servicio básico.
Por esta misma razón, la oposición presentó un proyecto de ordenanza para derogar el 15% porcentual y fijar una suma justa: calcular cuánto cuesta exactamente el alumbrado del departamento y dividir ese costo total entre la cantidad de medidores. El oficialismo, por supuesto, se negó a tratarlo.