El gremio judicial presentó un recurso de reconsideración contra el nombramiento de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja. Sostiene que se habría vulnerado el orden escalafonario y perjudicado a un trabajador con mayor antigüedad. El caso vuelve a poner bajo la lupa los criterios de ascenso y transparencia dentro del Poder Judicial.
Una nueva controversia sacude a la Justicia Federal de La Rioja. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó un recurso de reconsideración contra la designación de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe como jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia, al cuestionar el procedimiento utilizado para cubrir el cargo.
El planteo sindical apunta a un aspecto central de la carrera judicial: el respeto del escalafón, la antigüedad y las oportunidades de promoción de los trabajadores que ya forman parte de la estructura. Según el reclamo, la designación habría desplazado a un empleado con mayor antigüedad, cuya trayectoria laboral debería ser considerada al momento de resolver una promoción.
La controversia adquiere una dimensión institucional adicional porque, de acuerdo con la información del planteo, la funcionaria designada es hija del titular del Juzgado Federal. Ese vínculo familiar no demuestra por sí solo una irregularidad, pero vuelve especialmente relevante que las autoridades expliquen cuáles fueron los criterios aplicados y si se respetaron las normas que regulan la carrera administrativa judicial.
El caso del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena adquiere mayor relevancia a partir de los antecedentes publicados sobre la presencia de familiares en la estructura judicial de La Rioja.
Según esa información periodística, al menos una cuñada, un concuñado, yernos y un primo se desempeñarían en el juzgado a su cargo, una situación que reaviva el debate sobre el ingreso de parientes al Poder Judicial, los posibles conflictos de intereses y la transparencia en las designaciones. La publicación también señalaba que el magistrado no había respondido la consulta periodística.
En este contexto, la impugnación de la UEJN al nombramiento de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe vuelve a poner bajo escrutinio los criterios de selección y ascenso dentro de la Justicia Federal riojana, aunque cada designación debe analizarse individualmente y cualquier irregularidad debe acreditarse mediante documentación.
El escalafón, en el centro de la disputa
El reclamo de la UEJN pone el foco en un interrogante concreto: ¿se respetó el orden de carrera al cubrir la jefatura de Despacho?
En la estructura judicial, los ascensos y las designaciones deben analizarse a partir de las normas aplicables, las categorías de revista, los antecedentes, la antigüedad y los procedimientos previstos para cada cargo. La antigüedad puede ser un elemento relevante, aunque su peso específico depende del régimen correspondiente y de las condiciones de cobertura de la vacante.
Por eso, para determinar si existió una vulneración efectiva de derechos laborales, resulta necesario conocer el acto administrativo cuestionado, el escalafón vigente, la situación de revista de los trabajadores involucrados y los fundamentos que llevaron a elegir a la persona designada.
La UEJN sostiene que el nombramiento habría afectado la carrera de un empleado con mayor antigüedad
La presentación busca que la decisión sea revisada por la autoridad competente. Sin embargo, hasta contar con la resolución del recurso y la documentación del expediente, no corresponde presentar la presunta irregularidad como un hecho judicialmente comprobado.
Un antecedente reciente que vuelve relevante el debate
El planteo riojano aparece en un contexto en el que el orden escalafonario y los derechos de los trabajadores judiciales han llegado incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En septiembre de 2026, el máximo tribunal dejó sin efecto un ascenso en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y ordenó repetir el procedimiento para cubrir una vacante de oficial mayor. El caso había sido impulsado por la UEJN en representación de un trabajador que cuestionó la selección: según la información publicada sobre esa resolución, el empleado reclamante ocupaba el primer lugar del escalafón, mientras que la agente elegida se encontraba en el puesto 40. El Sol de Mendoza informó sobre el fallo.
El antecedente no determina automáticamente el resultado del caso de La Rioja, porque cada nombramiento debe examinarse según sus propias circunstancias y las normas que lo regulan. Pero sí demuestra que los conflictos por ascensos, orden de mérito y carrera administrativa pueden tener consecuencias concretas y ser sometidos a revisión judicial.
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La pregunta institucional: ¿cómo se justificó el nombramiento?
El punto central no debería reducirse al parentesco de la funcionaria con un magistrado. La cuestión de fondo es si la designación se ajustó a las reglas vigentes, si existían trabajadores con prioridad conforme al régimen aplicable y si la decisión cuenta con fundamentos verificables.
En una institución cuya función es garantizar la aplicación de la ley, la transparencia de sus propios procedimientos administrativos resulta particularmente importante. La publicidad de los criterios de selección y la posibilidad de revisar decisiones cuestionadas contribuyen a evitar sospechas de favoritismo y a proteger los derechos de los empleados.
En este caso, será determinante conocer qué respondió —o qué responderá— la autoridad judicial ante la presentación sindical, qué antecedentes fueron evaluados y cuál era la posición escalafonaria del trabajador que reclama.
Un recurso que todavía exige respuestas
La presentación de la UEJN abre una instancia de revisión, pero no equivale por sí misma a la anulación del nombramiento ni acredita que haya existido una infracción. El desenlace dependerá de los fundamentos del recurso, de la documentación incorporada y de la resolución que adopte la autoridad competente.
Las preguntas que quedan abiertas son concretas: ¿qué procedimiento se utilizó para cubrir la jefatura de Despacho?, ¿qué lugar ocupaba el trabajador que reclama?, ¿qué criterios justificaron la elección y qué respuesta dará el tribunal al planteo gremial?
La documentación oficial permitirá establecer si se trató de una decisión ajustada a las reglas de carrera o de un nombramiento que requiere ser revisado. Hasta entonces, la controversia expone un problema que trasciende a las personas involucradas: la necesidad de que los ascensos en la Justicia Federal se sustenten en procedimientos claros, verificables y compatibles con los derechos de sus trabajadores.