*Por Juan Pablo Parrilla

Con una serie de argumentos dudosos y por momentos contradictorios, todos los bloques del Concejo Deliberante de Chilecito rechazaron el pedido de juicio político contra el viceintendente Sebastián Gutiérrez por el préstamo de una camioneta oficial al concejal Federico Zalazar, quien fue expulsado del cuerpo tras protagonizar un choque mientras conducía alcoholizado por Villa Unión.

La denuncia la había presentado el 12 de mayo la vecina María de los Ángeles González por incumplimiento de los deberes de funcionarios público, mal desempeño de sus funciones y abuso de autoridad. Lo acusó de incumplir la ordenanza que regula el uso del parque automotor del Concejo Deliberante, que dispone que los vehículos oficiales deben permanecer “estacionados en dependencias adecuadas, fuera de los días y horas de trabajo” y que debe haber un control de sus movimientos.

A pesar de la negativa a darle curso al juicio político, el tema hasta ahora no fue aclarado. EL FEDERAL intentó comunicarse con varios concejales, pero no obtuvo respuestas. El propio Gutiérrez atendió a este cronista de buena manera, pero al ser consultado por el tema concreto se excusó con que había dormido poco por un problema personal, pidió retomar la conversación en otro momento y nunca más contestó. Su delfín Mario Gaitán cortó la comunicación de manera abrupta, mientras que su secretario Diego Ríos no atendió ni respondió a los mensajes.   

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Al término de la sesión del Concejo Deliberante se viralizó un sugestivo mensaje de WhatsApp que aseguraba que Gutiérrez maneja un presupuesto de 2 millones de pesos, de los cuales destina 15 mil pesos a cada concejal. La información fue corroborada por la concejal Victoria Álamo. Al mismo tiempo, empezaron a circular rumores sin confirmar de cargos que se habrían prometido a cambio de los votos de los ediles. Todo se encamina a quedar escondido en el cajón más oscuro de la política.

Los argumentos

En la sesión del jueves, luego de una serie de formalidades, el primero en tomar la palabra para defender a Gutiérrez fue el concejal oficialista Marcos Dalaglio, quien leyó un extenso artículo con una dicción torpe y trabada que hizo difícil seguir sus argumentos. Aunque el artículo 115 de la ley orgánica municipal transitoria ordena que el cuerpo solamente debe analizar “la procedencia formal” de la denuncia, Dalaglio examinó el fondo de la cuestión, aunque no profundizó en el tema.

El concejal dividió en dos sus argumentos. Sobre la acusación por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, alegó: “No somos jueces para juzgarlo”. Lo explicó así: “No habiendo previamente una causa judicial con sentencia condenatoria firme no puede este cuerpo colegiado habilitar el procedimiento del juicio político por la causal de la comisión de delitos comunes. Por lo tanto, la denuncia debe desestimarse por infundada”.

Fue el mismo argumento que ensayó el representante de Juntos por el Cambio, Nicolás Brizuela. Eso sí: ninguno informó que iba a presentar una denuncia penal.

La lectura de Dalaglio, entonces, se centró en la otra acusación, el mal desempeño de sus funciones, que es una de las causales de juicio político, por el supuesto préstamo irregular de la camioneta un día domingo para que el concejal Zalazar vaya a brindar” con su pareja, como el propio edil reconoció antes de ser expulsado y desaparecer de la agenda mediática por sugerencia de la Casa de las Tejas.

No queda clara cuál es la acción u omisión que la denuncia le endilga al Viceintendente. No lo detalla”, fue el argumento central de Dalaglio. Después dijo que en ningún lado está establecido que los vehículos no se pueden prestar los días domingos y que “la redacción de la norma es ambigua”.

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Por lo demás, dedicó varios pasajes a destacar que para remover a un funcionario (algo que, en todo caso, debería haber sido analizado por la comisión de juicio político) debe cometer una falta grave. Dio a entender, de esta forma, que el préstamo irregular de un vehículo que terminó chocado en otro distrito por un concejal alcoholizado no sería grave. “El juicio político no puede ser demasiado represivo (SIC)”, sostuvo. “Distinto hubiera sido si hubiera prestado la camioneta a otra persona no perteneciente al Concejo”, añadió.

La “oposición”

Luego tomó la palabra el concejal Nicolás Brizuela, en representación de Juntos por La Rioja, quien habló largo y tendido, pero dijo muy pocas cosas concretas y, al igual que ocurrió con su antecesor, infló tanto su discurso –también leído– de comentarios y artículos de leyes que ningún vecino conoce, que por momentos se volvió muy difícil de saber cuáles eran sus argumentos concretos para defender al Viceintendente.

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En suma, Brizuela repitió los argumentos de Dalaglio, sostuvo que el cuerpo “sólo juzga la responsabilidad política” y que el caso “debería haber sido investigado por los tribunales”, aunque no mencionó la posibilidad de que su bloque se presente en la justicia.

Por otra parte, lamentó que no se haya contestado el pedido de informe que presentó su bloque sobre el estado del parque automotor.

En tercer lugar, por el lado del bloque que responde a la ex intendenta Silvia Gaitán, la hermana Daniela Gaitán tomó la palabra y lamentó el procedimiento a través del cual se expulsó del cuerpo a Zalazar.

Por último, habló el concejal Marcelo Valverdi, del bloque “19 de febrero”, quien también se pronunció sobre el fondo de la cuestión y lanzó la frase más polémica de la jornada: “No vamos a acompañar este pedido de juicio político porque creemos que la camioneta se prestó de buena fe. Que esto le sirva al Viceintendente para que sea un poquito más ordenado, sobre todo, cuando se trata de los bienes de la sociedad”.

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«Mamarracho»

La jornada cerró con una olvidable entrevista de la radio WK 96.5 a la concejal Álamo, la misma que había dicho en un primer momento que bastaba con el pedido de disculpas del edil Zalazar, quien finalmente fue expulsado por el escándalo.

La concejal defendió el nombramiento de familiares de Gutiérrez (“cada uno busca trabajar con personas de confianza, sobre todo en materia de recursos”) y justificó la falta de autoridad para hacer cumplir las leyes, al recordar que hay vecinos que estacionan en lugares prohibidos. “Está bueno exigir, pero también, si vamos a exigir, nosotros tenemos que cumplir las normas”, sostuvo. Al final, terminó con un “me están esperando para una reunión” e interrumpió intempestivamente el diálogo con el periodista Ariel “Pichi” Carpio, quien había opinado que la sesión del Concejo Deliberante fue “un mamarracho”.  

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