Todo el país habla del caso de venta y consumo de cocaína adulterada en Buenos Aires, que ya lleva 22 víctimas fatales y más de 30 pacientes luchando por sus vidas. En febrero de 1993 un hecho con algunas similitudes ocurrió en San Juan. Se trata del conocido caso Torraga, que implicó la comercialización de vino envenenado. Murieron 29 personas en todo el país y otras tantas quedaron con daños neurológicos severos.
A fines de 1992 Arnaldo Mario Torraga, dueño de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga S.A, agregó alcohol metílico en los vinos que vendía en damajuanas bajo las marcas Mansero y Soy Cuyano. El objetivo era “estirar” el producto pero que mantuviera la graduación alcohólica mínima autorizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Los fallecimientos se registraron en Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones y Corrientes entre febrero y marzo de 1993. Murieron 27 personas y en los meses siguientes, dos personas más, sumando 29 víctimas fatales. Se registró un centenar de personas con daños neurológicos severos e incluso ceguera por consumir el vino envenenado.
En las crónicas de la época hubo entrevistas a intoxicados con el vino adulterado. Contaron que el vino tenía un olor muy fuerte y que notaron que el color era más oscuro del habitual. Hubo gente que devolvió las damajuanas y otros, que tomaron la bebida envenenada que se vendía suelta en algunos mercados de barrio. La damajuana costaba $3,50, era uno de los vinos más baratos del mercado y la marca gozaba de un buen posicionamiento en los sectores más populares.
Un hombre de 50 años que estaba internado en el hospital porteño de Vicente López, el martes 23 de febrero de 1993 le dijo a Página 12: “Estábamos tomando unos tragos con unos amigos. Bah, un litro y medio me tomé, y me agarró un dolor muy fuerte en el hígado. Mis amigos ya murieron”.
El caso generó una ola de repercusiones. El ex presidente Carlos Saúl Menem tomó la decisión de clausurar por decreto la bodega sanjuanina, que funcionaba en Caucete. A su vez, se intervino el INV, organismo encargado de fiscalizar la calidad de los vinos.
Para contener los daños a la industria vitivinícola, los gobernadores de San Juan, Mendoza y La Rioja se reunieron varias veces. Las ventas de vinos en damajuana descendieron rápidamente en todo el país.
Arnaldo Mario Torraga permaneció prófugo de la Justicia durante un par de semanas. Cuando apareció dijo que todo fue un complot del INV para perjudicar a San Juan en beneficio de las bodegas mendocinas. El argumento fue derribado porque en el juicio se descubrió la estrategia del empresario para estirar el vino y que en 1990 tenía una condena previa de cuatro años de prisión por falsificar cupos de vinificación.
Durante el juicio se conocieron detalles impactantes: que tanto el dueño de la bodega, como su hijo, el gerente, el enólogo y el capataz conocían de la adulteración; que Torraga compraba el metanol en Buenos Aires, a un amigo suyo que tenía una droguería; y, lo más grave, que con el alcohol metílico encontrado en los envases se podría haber matado a 10 mil personas.
El juicio fue en 1996. Se conocieron detalles impactantes, como que Torraga compraba el metanol en Buenos Aires a un amigo que tenía una droguería. Con el alcohol metílico encontrado en la bodega se podría haber matado a más de 10.000 personas.
La Justicia Federal condenó a Arnaldo Mario Torraga a 15 años de prisión, al enólogo Armando Ribes a 10 años. Ambos fueron considerados responsables de los delitos de “adulteración de vinos” y “adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de 10 o más casos”. Guillermo Torraga (hijo de bodeguero) y el gerente de la empresa, Horacio Barbero, fueron condenados a seis años de prisión como partícipes secundarios.
El capataz de la bodega, Pedro Tobares, y tres empleados del INV recibieron condenas de dos años. Por su parte, Carlos Alberto Blanco, señalado durante el debate como el distribuidor en el área metropolitana de los vinos sanjuaninos, logró eludir a la Justicia durante varios años, pero finalmente fue detenido en la Capital Federal, en 2002.
A 17 años de la intoxicación masiva, la Sala II de la Cámara de La Plata estableció una indemnización de 300.000 pesos, más intereses, para los herederos de Atilio Bengolea, un tractorista de 57 años que murió como consecuencia de tomar el vino envenenado.
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