Así lo manifestó Joaquín Olaizola, abogado querellante de la causa en diálogo con La Red. “El hecho trascendió en todos los medios nacionales y en el Juzgado de Intsrucción N°2 de La Rioja no se han enterado, no hay instrucción ni una actuación de oficio sobre las personas que cayeron en el hundimiento por la 1 de Marzo”, aseguró el representante de las víctimas.

En tanto el abogado agregó que “realizamos una denuncia en el juzgado N ” 2 de Instrucción,  y nos llegamos la ingrata sorpresa que no hay instrucción es decir que no hay una actuación de oficio. No solo La Rioja sabe de este hecho sino que salió por medios Nacionales, es decir que trasciende de las fronteras de La Rioja  y en el Juzgado Instrucción N°2  no se han enterado, no han tomado ninguna medida, lo cual no solo me parece extraño y sospechoso sino que también tiene un cierto tufo a corrupción”. 
“Por dicha inoperancia de esta parálisisis nos hemos presentado en el día de ayer con una denucia penal con autores a determinar y precisamente apuntamos en contra los directores téncicos de las obras porque tenemos entendidos que fueron varias obras las que se hicieron ahí. Quien va a construir una plaza para el esparcimiento justamente de niños estas personas que son las más vulnerables de todas, minímamente se tiene que hacer un estudio estructural, saber qué hay abajo. Aparentemente se ve una cámara de inspección, en donde realizaron una loza muy frágil y de muy poco espesor. Un niño saltando ahi de modo permanente no hizo falta nisiquiera falta mucho peso para que cayeran, dos mujeres y un niño produjeron el colapsoy cayeron 8 metros de altura”, indicó el representante. 

Al finalizar subrayó que “Cualquier obra necesita que se haga previa a su construcción un estudio de suelo para saber qué hay abajo, ver los cimientos esto no se realizó y todo es una máscara, poner cosas bonitas de manera superficial lo cual es una irresponsabilidad tremenda y nosotros vamos apuntar a esos irresponsables y vamos a ir por el delito de estragos dolosos que tiene una pena máxima de 20 años. El dolo es un actuar a conciencia, que si uno va en ese principio de confianza a los funcionario públicos para que contraten a una empresa constructora, no podemos estar investigando qué hay debajo de nuestros pies”.

Fuente: La Red