La Cámara Empresarial Riojana presentó un insólito proyecto para que los empleados públicos trabajen en el sector privado, pero el Estado provincial les siga pagando el 45% de su salario.
Según los empresarios, el piso salarial de un empleado público es de 42 mil pesos, mientras que para los empleados de comercio es de 83 mil pesos y con el aumento ascenderá a 92 mil pesos. La idea es que el Estado siga pagando esos 42 mil pesos y los comerciantes se hagan cargo de la diferencia, aunque con una jornada laboral de 8 horas. No se brindaron detalles sobre la obra social, las cargas sociales y lo que ocurriría con trabajadores que tengan un salario superior.
El proyecto, desde el vamos, conspira contra la mejora de la situación de los desocupados y el sector informal, pues los trabajadores públicos siempre tendrán ventaja a la hora de ser empleados, ya que al empresario le costará menos contratarlo. En definitiva, atenta contra la creación de empleo.
Por otra parte, hasta hoy no se le exigía nada a cambio a los empresarios de semejante beneficio: no se le pedirá que invierta o reinvierta, nada. Es, en definitiva, un subsidio encubierto a los comercios, que se podrán ahorrar 42 mil pesos por mes por empleado, dinero que irá a engrosar sus bolsillos.
Hoy, luego de las críticas que recibió, salieron a aclarar que la idea es que a los 2 años el trabajador pase a trabajar definitivamente en el comercio. Y que no se podrá usar para reemplazar empleados, algo que sin embargo sí está ocurriendo con el plan de empleo joven. La Cámara Empresarial se tomó varios días para hacer estas aclaraciones, quizás porque no estaban en el proyecto original.
Esta iniciativa llevará a que haya una transferencia de riqueza del Estado al sector empresarial, algo que nadie esperaría de un gobierno peronista. Un ejemplo: un empresario que hoy paga 92 mil pesos a un empleado podrá reemplazarlo por otro al que le va a pagar 50 mil, porque los otros 42 mil pesos los pagarán los contribuyentes sin recibir absolutamente nada a cambio.
El principal argumento a favor es mejorar la situación de los empleados públicos, que están en blanco, cobran todos los meses sueldo y quincenita, que tienen obra social, vacaciones pagas, aguinaldo y paritarias, en detrimento del resto de la sociedad. ¿No es preferible priorizar a los desocupados o los que no tienen empleo formal?
El otro argumento es fortalecer al sector privado, el mismo que esgrimió la dictadura a la hora de asumir las deudas del sector privado o el ex presidente Carlos Menem, cuando armó los clubes de obra pública para repartir contratos irrisorios y destruir el espíritu de las licitaciones. En ambos casos fracasaron: en los 70 no aumentaron las inversiones y en los 90 creció la desocupación. También en La Rioja hubo en el pasado un proyecto similar que no llegó a buen puerto.
Por último, podría servir para achicar la planta del Estado. Pero en este punto habrá que garantizar que no se usarán las vacantes para sumar nuevos trabajadores públicos, algo que es improbable que suceda. En otras palabras, un plan como este debería ir acompañado de una reforma mucho más profunda del Estado, con leyes y metas claras y cumplibles.
Una aclaración, el acuerdo sólo aplicaría para comercios, ya que la entidad que agrupa a las industrias locales, la Unión de las Industrias Riojanas (UNIR), no formó parte de la propuesta. Esto quiere decir que se dará una ventaja comercial a los comerciantes en detrimento de otros rubros del sector privado.
Su gran defensor es el empresario Cresencio Bottiglieri, que fue en el pasado candidato a diputado del Frente de Todos. Ya le envío la iniciativa al gobierno provincial y ahora la decisión quedó en manos del gobernador Ricardo Quintela.