Por Angel Flores
La última semana se puso el tema a nivel nacional. La retención de supuestas “cuotas voluntarias” a quienes cobran planes sociales de distintas organizaciones populares.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció por amenazas y extorsión a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con el 2 por ciento de lo que reciben en planes sociales los integrantes de esa organización. La decisión judicial fue comunicada por Marijuan justo cuando el Gobierno analiza traspasar a municipios y provincias parte de los planes que maneja el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras.
Y La Rioja tiene desde hace años conductas similares que se mantienen hasta el día de hoy.
La historia se remonta a octubre del 2019, cuando varios mensajes a la redacción de EL FEDERAL, daban cuenta de esta maniobra ilegal por parte de las organizaciones sociales a beneficiarios de distintos planes, uno de ellos correspondiente al llamado Salario Social Complementario, que maneja la organización Corriente Clasista Combativa y que indicaban que a todos les sacan dinero en forma obligatoria, con la amenaza de que al que no cumple, le dan de baja.
Coordinadora Zona Sur Corriente Clasista Combativa– Lorena Taquía-
El monto que percibían en aquel tiempo, era de $6.000. Y las denunciantes pidieron estricta reserva de sus identidades por miedo a represalias. De acuerdo a las denuncias, los montos que les piden van entre de 300 a 500 pesos por mes, e incluso les exigen dinero para pagar el pasaje y la estadía de Lorena Taquía de sus viajes a Buenos Aires.
También apuntaron a otra dirigente que administra los planes sociales, de nombre Belén, que en WhatsApp les indicaba cómo y dónde tienen que hacer para llevar el dinero a la organización.
Dentro de las denuncias se indica que los obligan a ir a marchas y protestas en contra del gobierno nacional (Mauricio Macri), en forma obligatoria, en las que toman lista. “Si faltan dos veces, les damos a baja”, les habrían dicho.
Otra de las modalidades denunciadas es la retención de la tarjeta social junto con el PIN de seguridad del Banco Nación para sacar el dinero de los planes sociales.
La denuncia también se realizó en la fiscalía Federal a cargo de Virginia Carmona, y del cual se tomó declaración a una de las denunciantes. La causa, luego de las declaraciones de las damnificadas, fue remitida en el 2020 al Juzgado Federal del doctor Daniel Piedrabuena, pidiendo las indagatorias y más medidas de prueba, esperando hasta la fecha que se expida una resolución del juez Federal para que la causa avance.
En el momento de que la nota saliera en EL FEDERAL, el 4 de octubre del 2019, comenzaron a llegar más mensajes de la misma maniobra ilegal, pero de otras organizaciones sociales.
Se denunció al Movimiento Evita, conducido por Cacho Luna, conocido político riojano con muchos años de militancia peronista y todavía en actividad.
Ante las varias denuncias recibidas a nuestra redacción, este periodista se comunicó con Luna, reconociendo la ilegal maniobra por parte de un integrante de la organización, y del cual se haría la correspondiente denuncia. “Cuando haga la denuncia, te la paso para que sepas el nombre de quien se trata”, dijo en una comunicación telefónica grabada, agregando que “esta persona ya fue desvinculada de la organización”.
Fuentes judiciales confirmaron que la denuncia jamás se realizó, y Luna tampoco aportó más datos del caso.
La forma de cobranza a los beneficiarios es similar a las anteriores. “Teníamos que pasar por la sede a dar la cuota”, dijeron a nuestra redacción. En ese tiempo (2019), el aporte era de $500.
Hoy, los titulares de cada organización se defienden argumentando que son “aportes solidarios o voluntarios no obligatorios”, tratando de cubrir muchos años de manipulación con la gente que menos gana y más vulnerable del país.