El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció por amenazas y extorsión a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con el 2 por ciento de lo que reciben en planes sociales los integrantes de esa organización. La decisión judicial fue comunicada por Marijuan justo cuando el Gobierno analiza traspasar a municipios y provincias parte de los planes que maneja el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras.
En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”. El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.
“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.
Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.
“Hay que solucionar esto desde el Estado nacional”, agregó, tras denunciar penalmente a los dirigentes Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero, y Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”. Supuestamente cobraban el 2% de lo que percibe cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.
El fiscal basó su denuncia en un artículo periodístico y en declaraciones de Solano, quien manifestó que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan”.
“Ese 2% -añadió, según explica la denuncia- sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.
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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.
“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.
Marijuan propuso como medidas de investigación que “se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.
A ambos ministerios, además, propuso reclamarles que hagan “saber si se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.
Por último, Marijuan pidió indagar entre el gobernador y los intendentes de Buenos Aires si recibieron denuncias sobre estos hechos y a la ANSES, los requisitos que deben reunirse para acceder al programa.