Un análisis realizado por el equipo de EL FEDERAL sobre el procedimiento de aprobación del contrato con la empresa de estacionamiento medido en La Rioja prueba que no se respetó el mecanismo establecido por una ordenanza citada por el propio Municipio.

Ayer la intendenta Inés Brizuela y Doria defendió la tarifa de $90 pesos por hora, que será la más cara entre todas las capitales del país. Dijo que le parece “razonable”. Y consideró que en virtud de una ordenanza de 2014 no es necesario que el contrato pase por el Concejo Deliberante. Sin embargo, un sencillo análisis de esa norma basta para concluir que esa afirmación no es correcta.

La ordenanza en cuestión es la 5.204, que sólo tiene dos artículos de fondo. El primero es el que efectivamente autoriza al Ejecutivo municipal “a contratar en forma directa la explotación del servicio de estacionamiento medido”.

Sin embargo, el artículo 2 condiciona la legalidad a la “participación en la confección del contrato” de una “comisión evaluadora”. Y establece quiénes deben integrar esa comisión: siete concejales que hoy ya no cumplen funciones en el Concejo Deliberante.

De aquí se abren dos cuestiones, debido a que la ordenanza no establece un mecanismo de selección de los miembros de esa comisión. Sobre la primera cuestión no hay dudas: los miembros de esa comisión tienen que ser designados a través de una ordenanza. Si los integrantes originales fueron nombrados de esa forma, los integrantes actuales tienen que respetar ese mecanismo.

El Municipio decidió integrar esa comisión evaluadora con los miembros de la comisión de Servicios Públicos, pero eso debería haber sido establecido en una ordenanza. EL FEDERAL hizo una ronda de consultas sobre este tema a concejales y funcionarios, pero no obtuvo una respuesta concreta.

No obstante hay otra posible interpretación, que quizás es la que se acerca más a lo que los concejales quisieron aprobar en su momento: que la idea de la ley es que la delegación de facultades al Ejecutivo municipal haya sido temporal, es decir, solamente mientras dure esa conformación del Concejo Deliberante.

Esto es así, porque la legalidad del contrato está condicionada a un requisito que hoy no se puede cumplir. Es decir, para que el contrato sea legal tiene que intervenir una comisión con concejales que hoy no son parte del cuerpo, como Andrea Mercado Luna, Alcira Brizuela y Carlos Del Giorno.

Si la ley no establece un mecanismo de designación de la comisión evaluadora, ese mecanismo, en todo caso, se debe establecer a través de otra ordenanza. O una nueva ordenanza debería volver a delegar las facultades.

Detrás de todo esto hay acuerdos políticos entre tres sectores que están tambaleando, debido a que un sector considera que otro cruzó ciertos límites.

Todo indica que en una semana todos los que vayan en auto al centro serán más pobres. De los $90 que se paguen por hora, $63 irán para la empresa sin antecedentes que ganó una insólita licitación sin siquiera tener un producto terminado para mostrar. En otras palabras, el Municipio adjudicó el contrato a una empresa sin haber probado el producto ni respetar el procedimiento legal.

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