*Por Juan Pablo Parrilla

A través de una resolución de dudosa legalidad, el rector de la UNLaR, Daniel Quiroga, ordenó un ajuste sobre el salario de los trabajadores. La medida incluye una serie de recortes de derechos. La vicerrectora, Marita Corzo, se despegó de la decisión y desmintió uno de los argumentos. Algunos sindicatos se declararon en alerta. El propio Quiroga reconoció que hay un déficit de no menos de 800 millones de pesos, pero no está claro a qué se debe.

La resolución rectoral 938 fue firmada el miércoles. En concreto, suspende el “ingreso de novedades” en el escalafón docente y nodocente hasta marzo de 2023.

¿Qué son las novedades? En el caso de los docentes, se paralizaron las designaciones, lo que implica que no se podrá nombrar a un suplente cuando un profesor enferme o pida licencia para asumir un cargo de mayor jerarquía, pero tampoco se podrá cubrir una vacante cuando alguno se jubile. El problema que desencadenará la aplicación de la resolución, entonces, no es sólo salarial, sino también educativo.

Con respecto al personal nodocente, no se podrán actualizar los suplementos que cobran. Un ejemplo: todos los eneros suman un año de antigüedad, lo que implica un plus salarial, que al menos hasta marzo de 2023 no serían abonados si se cumple con la resolución.

Algunos sindicatos ya manifestaron su repudio de la decisión. Hay un argumento en común: lo que Quiroga suspendió son derechos adquiridos, consagrados en el Estatuto de la UNLaR y los convenios colectivos de trabajo, por lo que el rector parecería no tener facultad para poder avanzar sobre esas cuestiones.

En esa línea se manifestaron en sendos comunicados los gremios Sidiunlar y Situndlar, y se espera un inminente repudio de Tandur. También la agrupación FIR, mientras que FACU seguiría sus pasos. Además, hubo rechazo de algunos decanos.

Uno de los mayores coletazos fue la crítica de la vicerrectora, Marita Corzo, quien publicó en sus redes sociales un comunicado en el que manifestó en mayúscula y negrita su “total desacuerdo”.

Hay algo más sobre el comunicado de Corzo que es importante. El artículo 4 de la resolución de Quiroga instruye a realizar un análisis del escalafón docente y nodocente para hacer “un reordenamiento institucional, en base a las observaciones incoadas por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación”.

Casi nadie sabe a ciencia cierta qué dicen esas observaciones. Quiroga lo mencionó en su último informe al Consejo Superior, pero no brindó detalles. Lo que Marita Corzo dijo ahora es que la Secretaría de Políticas Universitarias “no solicitó ajuste de ninguna índole, sino que acompaña a la universidad en el ordenamiento administrativo y financiero por el cual atraviesa muchas universidades”.

Resta saber qué harán ATUR, ARDU y el nuevo gremio docente, tres sindicatos alineados con Quiroga, algunas de cuyas autoridades hoy son funcionarios de la UNLaR, como Alicia Parodi y Alejandro Álvarez, y algunos aliados de Alicia Luna. No son pocos los que creen que los favores que recibieron del rector son una de las principales causas de la crisis.

Quiroga ya reconoció que la UNLaR tendrá un déficit hasta fin de año de 800 millones de pesos, pero sólo para el pago de salarios, por lo que la cifra podría ser mayor. En los considerandos de su resolución, el rector culpó a la reconducción del presupuesto de 2021 a 2022 y la “gravísima situación nacional”, pero en los distintos espacios opositores advierten que el dinero para el pago de los sueldos de los empleados consolidados, es decir, los de planta permanente, es enviado en su totalidad por el gobierno nacional. ¿Qué pasó con esa plata?

Por eso, a la hora de buscar explicaciones algunos miran a los empleados tomados por la UNLaR a través de contratos de locación de servicios. Hay una cifra que se escucha repetir hasta el cansancio sobre el tema: había unos 130 trabajadores en esa situación cuando el ex rector Fabián Calderón dejó el cargo y Quiroga echó a unos 80 al asumir, pero llevó la cifra a 410. Esos nombramientos, creen en la oposición, fueron para pagar favores políticos. “Son los amigos y familiares de Alicia Luna”, es el latiguillo que suelen repetir. Por ahí se habría despilfarrado buena parte del dinero, aunque es un misterio cuánto cobran los contratados. Quizás, en parte por eso, el rector se comprometió a llevar esos contratos a 230.  

El año pasado, con el país también en una situación económica delicada y todavía en pandemia, a esta altura del año se estaba debatiendo un bono para unos 300 empleados del Hospital de Clínicas, que finalmente cobraron 80 mil pesos extra en cuatro cuotas, con fondos de la universidad. Esos mismos trabajadores, apenas un año después, sufrieron un recorte. En el medio, Daniel Quiroga se mudó a un lujoso hotel y asumió como rector de la UNLaR.