El Gobierno de Estados Unidos inició un proceso de colaboración con la Justicia argentina por el presunto robo y comercialización ilegal de fósiles y objetos arqueológicos que se habría desarrollado durante, al menos, los últimos 15 años, según reconstruyó LA NACION de fuentes oficiales de ambos países.

La requisitoria argentina contó ya con el visto bueno del área de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia, que poco después se presentó ante la Corte Federal, en Washington DC, para ejecutar las medidas de prueba solicitadas desde los tribunales federales de Comodoro Py.

La pesquisa se centra en el tráfico, compra y venta por sujetos todavía desconocidos de “ítems arqueológicos y/o paleontológicos de origen argentino” que habría comenzado en 2016 y que podrían incluir artesanías “y/o fósiles” provenientes de las provincias de La Rioja y Catamarca, como también de la Patagonia.

La investigación local se inició en enero de 2021, cuando la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación detectó que la firma Sotheby’s había listado para su subasta internacional objetos que podían encontrarse protegidos por la legislación argentina, lo que terminó por verificarse.

Consultados por LA NACION, desde las oficinas para las Américas de la firma en Nueva York confirmaron que habían recibido un pedido de información, y que colaboraban con las autoridades estadounidenses y argentinas. “Es política de Sotheby’s cooperar plenamente con las investigaciones de las fuerzas del orden”, precisaron, para luego reafirmar que la empresa desarrolla “sus negocios de manera responsable y ética de acuerdo con todas las leyes y regulaciones globales”.

La investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello
La investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello

Según reconstruyó LA NACION, la investigación no se centraría en el proceder de Sotheby’s, que al menos por el momento no afronta cargos de ningún tipo, sino en quienes adquirieron —o robaron— los objetos en la Argentina, los sacaron del país y procuraron comercializarlos en el extranjero, en violación de la legislación local.

Los “artefactos” —tal como los caracterizó el Departamento de Justicia al presentarse ante la Corte Federal en Washington DC— incluyen un huevo fosilizado y una pieza que habría sido elaborada entre los años 600 y 900 antes de Cristo, provenientes de Catamarca y La Rioja, como también el tronco fosilizado de una cicada de la Patagonia argentina.

Los robos incluyen un huevo fosilizado y una pieza que habría sido elaborada entre los años 600 y 900 antes de Cristo, provenientes de Catamarca y La Rioja, como también el tronco fosilizado de una cicada de la Patagonia argentina

Esos objetos robados, cabe aclarar, integran una operatoria mayor que mueve fortunas a nivel global y que, para 2017 y solo en la Argentina, abarcaba más de 4000 piezas robadas y con pedido de secuestro, según estimó entonces el departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol-Policía Federal. Desde huevos de dinosaurios que se vendían a 5000 dólares cada uno a artesanías, pinturas y otras obras de arte.

El cuadro empeoró, sin embargo, durante la crisis sanitaria que causó el Covid-19, según alertó meses atrás la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), debido a las restricciones en los mecanismos de vigilancia y protección de museos y yacimientos arqueológicos, con el consiguiente aumento de las ventas ilícitas por Internet.

¿Quiénes fueron?

Tras la denuncia del Gobierno argentino, la investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, que avanzó junto a la Policía Federal, para luego requerir la colaboración de las autoridades estadounidenses para contactar a Sotheby’s, recolectar evidencias y dar otro paso. ¿El objetivo? Determinar quiénes habrían participado en las maniobras delictivas.

Ya en Estados Unidos, el exhorto llegó al despacho de Vaughn Ary, un abogado y general retirado que lidera la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. Con su firma y la de una letrada subalterna, Erica Laster, la petición se presentó ante la Corte Federal en Washington, DC.

Ocho días después, el juez Robert B. Collings admitió la requisitoria argentina, para lo cual autorizó a Laster a solicitar información ante la casa Sotheby’s y disponer otras medidas de pruebas que, según reconstruyó LA NACION, continúan en desarrollo.