*Por Ángel Flores
El procesamiento del auxiliar fiscal de La Rioja, Martín Román Apóstolo, fue un verdadero terremoto en la justicia federal provincial. Lo acusan de cobrar coimas para beneficiar a personas detenidas.
A Apóstolo le imputaron cuatro hechos, que fueron minuciosamente descriptos por el juez José Quiroga Uriburu en el auto de procesamiento al que accedió EL FEDERAL ONLINE y que abarcan una decena de casos. Por cada uno de esos cuatro hechos se lo acusó de cometer un delito distinto.
El primer hecho es el caso de la denuncia que impulsó la investigación. La presentó Pablo Walter Gutiérrez, conocido como “Ganso”, quien había sido condenado en 2013 a 11 años de prisión por acribillar de cinco balazos a un vecino del barrio San Vicente. Hace unos años, antes de cumplir su pena, fue detenido por distribuir droga.
“Ganso” declaró el 18 de marzo como imputado colaborador y contó que tenía un “arreglo” con el auxiliar fiscal Apóstolo, a quien le habría dado dinero para mantener su prisión domiciliaria y lograr la liberación de su pareja Yamila Alejandra Mercado y de su cuñado César Mercado.
Por ese primer hecho, Apóstolo fue procesado por el delito de concusión agravada, que es el que se produce cuando un funcionario exige dinero para cumplir sus funciones. Una coima.
A su vez, de ese primer hecho surgió otro de los procesados que tiene la causa. Se trata de Miguel Alejandro Guerrero, sospechado de ser la persona que intermedió entre el auxiliar fiscal y la pareja de Ganso, imputado como “partícipe necesario del delito de concusión agravada”.
A partir de esa denuncia hubo un allanamiento en el domicilio del auxiliar fiscal, donde se secuestró su teléfono celular, un operativo que fue primicia de EL FEDERAL ONLINE en su momento. De allí surgieron los chats del funcionario con abogados y familiares de presos, que ayer dieron a conocer los medios porteños. Y en esas conversaciones apareció el segundo hecho por el que se lo acusa a Apóstolo.
En concreto, el juez Quiroga Uriburu consideró que el entonces auxiliar fiscal habría recibido un millón y medio de pesos “para hacer valer indebidamente su influencia ante el titular del Juzgado Federal de La Rioja, Dr. Daniel Rubén Herrera Piedrabuena, a fin de obtener resoluciones procesales en el marco de la causa FCB 4974/2021 que tramitaba bajo su órbita, con el objeto de beneficiar a Luis Ariel Villafañe, alias ‘Montana’ o ‘Aarón’, imputado y detenido en esas actuaciones”.
Villafañe, según crónicas de la época, había sido detenido en 2015, durante un operativo en el que la policía secuestró 9 kilos de droga. Unos años después estaba libre cuando lo volvieron a arrestar en 2021, tras permanecer unos días prófugo. Una semana antes había sido detenida su pareja con 200 gramos de cocaína, en un confuso incidente en el hotel que estaba en Buenos Aires y Rivadavia, un caso que fue noticia en su momento.
Del teléfono del propio Apóstolo surgiría que el ex auxiliar fiscal habría cobrado la coima, pero nunca logró la liberación de Villafañe. En ese caso, no habría cumplido. Aun así, por ese hecho fue procesado por el delito de tráfico de influencias.
Hay un tercer hecho que se le imputa, que son tres casos en los que se lo acusa de “haber emitido dictámenes prevaricantes, perjudicando deliberadamente los intereses que le fueron confiados en función de su cargo y con la finalidad de beneficiar a abogados con los que mantenía un estrecho vínculo, que oficiaban de letrados defensores en esos sumarios”.
Por este tercer hecho, Apóstolo está acusado por el delito de prevaricato, que se configura cuando un funcionario dicta órdenes injustas y contrarias a la ley.
En cuanto al último hecho, Apóstolo fue procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se lo acusa de “omitir deberes correspondientes a su cargo”.
El juez sostuvo en su resolución que “se verificó que Martín Román Apóstolo, en expedientes en los que intervenían abogados que mantenían una estrecha relación con el nombrado (Matías Juárez, Gabriel Pavón, Jorge Eduardo Cáceres, José Luis Montaperto, Paola Alejandra Mebar Andrea Fabiana Flores y Jorge Eduardo Cáceres), efectuó presentaciones en su calidad de representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, asumiendo criterios jurídicos que favorecieron notablemente a los imputados en contra de lo sostenido por el fiscal que debía seguir interviniendo en esos sumarios; realizó gestiones como ‘contacto judicial’ y les brindó asesoramiento a los fines de que obtengan beneficios procesales en contra de lo requerido por el propio representante de la acusación, como así también efectuó gestiones para que sean designados en esos expedientes letrados allegados al imputado”.
Cesado y procesado
Apóstolo ya no es funcionario del Ministerio Público Fiscal. Por pedido de la fiscal Miguel Carmona al procurador General, Eduardo Casal, su designación como auxiliar fiscal fue “cesada”.
Como se explicó, está acusado de cuatro delitos. El juez reconoció “la presencia de indicadores que hacen presumir el riesgo de fuga y/o entorpecimiento de la investigación”, pero le concedió la prisión domiciliaria por sus “problemas de salud”, que no precisó en su resolución.
Fuentes del caso dijeron que serían trastornos de ansiedad, aunque la información no pudo ser corroborada. Lo cierto es que por ahora estará en su casa y el 21 de septiembre le hicieron una Junta Médica, cuyos resultados deberán ser informados al juzgado.
Los tres procesados ya prestaron indagatoria, pero todos se abstuvieron de declarar. Del expediente surgen indicios de que podrían haber otros partícipes de las supuestas maniobras ilícitas, casi todos identificados con nombre y apellido, pero por ahora la investigación se centró en tres personas.
Al menos de la resolución judicial en principio no se desprende que haya pruebas contra el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena y la fiscal Miguel Carmona. El magistrado no accedió a beneficiar a Villagra y la funcionaria se opuso a la mayoría de los beneficios que gestionó Apóstolo, aunque en su caso se trataba de un subordinado que actuó durante cuatro años bajo sus órdenes, por lo que habrá que esperar el curso del expediente. Ambos se inhibieron de intervenir en la causa. Y en el caso de la fiscal, brindó una dura conferencia en el que no escatimó críticas hacia su colega.
En cuanto al resto de los mencionados, hay personas nombradas en el fallo que no fueron investigadas. Van desde un conocido vendedor de autos hasta abogados y sujetos que no fueron identificados. Hasta el famoso “Poroto” Balalá tenía mensajes en su teléfono en los que alardeaba tener contacto con el cesado auxiliar fiscal.