*Por el Equipo de EL FEDERAL ONLINE
Esta semana comenzaron a llegar las primeras señalas de lo que ocurrirá a partir de diciembre, cuando finalice el acuerdo que el gobierno provincial y las escuelas de gestión privadas celebraron para congelar las cuotas entre septiembre y noviembre.
Por ejemplo, una escuela ubicada en el centro informó a los padres que aumentará los precios debido a la suba del 51% en el piso salarial docente. Pero los padres aseguran que esos aumentos van muy por encima de la inflación.
Para comparar. En diciembre de 2021, la cuota de primaria en esa escuela era de 9 mil pesos, mientras que será de 50 mil pesos en diciembre de este año. La suba en dos años alcanzará el 555%, frente a una inflación acumulada de 310% entre diciembre de 2021 y septiembre de este año.
¿Alguien controla? ¿Pueden hacer algo los padres ante las constantes modificaciones de sus contratos? ¿El Estado, que paga parte de los salarios, debería intervenir? ¿Por qué los padres de escuelas privadas deben aceptar la paritaria docente en la que participan el Estado y un sindicato de maestros de colegios públicos? ¿Por qué las escuelas privadas, a través de los padres, tienen que pagar un bono que define el gobierno?
El Estado riojano durante mucho tiempo miró para otro lado, hasta que la diputada Griselda Herrera comenzó a agitar el tema desde la Legislatura y logró que se enviara una minuta de comunicación al ministro de Educación, Ariel Martínez, para que se involucre en el conflicto.
El ministro Martínez, que sueña con ser rector de la Universidad Nacional de La Rioja en el futuro, ha tenido una gestión con altibajos, incluido un inicio de clases con un mes entero de paro docente.
En ese marco, a partir de la iniciativa de la diputada Herrera, en los primeros días de septiembre el gobierno pactó el congelamiento de cuotas con casi todas las escuelas de gestión privada, salvo dos.
Pero ahora el gobierno y el ministro Martínez van a contrarreloj: necesitan hacer algún anuncio antes del 19 de noviembre, día del ballotage.
Fuentes de la cartera educativa dijeron a este medio que la semana que viene van a convocar a una reunión con las instituciones privadas, porque esperan que en los próximos días otras instituciones también empiecen a avisar a los papás sobre los aumentos.
La diputada Griselda Herrera presentó un proyecto en la Legislatura para que el tema se regule, porque sólo hay normativa interna del Ministerio de Educación, pero nada concreto. Hasta ahora no se sabe si será aprobado antes de fin de año, como era la idea original.
Los padres viven en el limbo y algunas escuelas ni siquiera fijan planes de aumento, sino que cada uno o dos meses anuncian nuevas subas. Nadie sabe cuál es su estructura de costos ni cuánto reciben cada una del gobierno, una cifra que las autoridades hasta ahora se han negado a precisar.