El policía acusado de acribillar a un camionero de La Rioja en Valle Fértil recibió un duro revés de parte de la Justicia, después de que el Tribunal de Impugnación rechazara el pedido de la defensa de dejarlo en libertad. Su abogado, Martín Zuleta, había solicitado el cese de la prisión preventiva y, tras la oposición de la fiscalía, la jueza Ana Lía Larrea resolvió que la medida coercitiva más gravosa se mantenga.
El defensor de Ricardo Rodríguez aseguró que no existía peligro de fuga de parte del imputado y que tampoco había posibilidad para el entorpecimiento de la investigación. Sobre ello destacó que tenía arraigo, una familia y un domicilio declarado.
Al mismo tiempo que remarcó la afectación económica que sufrió a raíz del hecho que se desató el 9 de febrero pasado, cuando en medio de una persecución y una balacera que terminó con la vida de Federico Orihuela. Indicó que fue suspendido de la Policía y por tanto su familia se quedó sin sustento económico. Es por esa razón que, de manera subsidiaria, pidió por la prisión domiciliaria para poder cuidar a sus hijos mientras su esposa sale a trabajar.
Los argumentos que Zuleta esbozó en la audiencia, de la que también participó el Ministerio Público, con Iván Grassi y Francisco Pizarro al frente, fueron similares a los que en su momento ofreció Roberto ‘Fido’ Galván para conseguir la prisión domiciliaria. Es que el dirigente social y ex futbolista condenado por prostitución argumentó que era la única persona de su familia en condiciones de cuidar a su padre, que acarrea una enfermedad mental.
“El rol de cuidado de los hijos no es exclusivo de la mujeres”, sostuvo en referencia a la exposición parecida a la que resultó exitosa en el caso Galván. Si bien no lo nombró de forma directa, Zuleta advirtió: “Esas consideraciones se han dado con gente condenada”.
Por su parte, el fiscal Grassi prestó resistencia al pedido de la defensa y aseveró que la prisión preventiva procedía dada la calificación, es decir, homicidio agravado por ser un funcionario policial, cuya pena prevista en el Código Penal Argentino es de prisión perpetua.
“Estamos frente a un hecho grave”, expresó el funcionario del MPF, quien además fundó su negativa en el accionar del oficial minutos después de la balacera. “Dio un relato que implicaba modificar lo sucedido, habló de drogas, armas y detonaciones que no ocurrieron… esos son actos de entorpecimiento”, fundó Grassi.
Ante la presunción de intentar influir en los testimonios de sus colegas, el fiscal se mantuvo firme y, finalmente, la jueza de Impugnación respaldó sus afirmaciones. Larrea manifestó que el fallo de la jueza de Garantías, Flavia Allende, estuvo bien fundado y remarcó que, si bien no había peligro de fuga, sí encontraba posible el entorpecimiento de la investigación.
“La resolución de la jueza es ajustada a derecho y también considero que no es el caso para que se otorgue la prisión domiciliaria. La mujer del imputado tendrá que arbitrar otros medios, como lo hacen otras mujeres que están solas, para ser el sustento económico”, expresó la magistrado.
Sin embargo, no todas fueron pálidas para el acusado ya que la jueza de Impugnación le rebajó el tiempo de la prisión preventiva de 10 meses a 9 meses y lo hizo sustentándose en el fallo que se dio en el caso contra Luciana Bustos Sánchez, la docente universitaria acusada de asesinar a su amante en Las Chacritas.
Es que a la investigadora del Conicet le habían otorgado 12 meses de prisión preventiva, pero a instancias del Tribunal de Impugnación, la defensa ejercida por Néstor ‘Roly’ Olivera consiguió que la disminuyeran a 9 meses. Ambos afrontan la máxima pena y por tanto la autoridad no dudó en nombrar la causa como antecedente en la audiencia para reforzar su decisión.
Rodríguez se mantuvo en silencio mientras duró el proceso, el cual siguió vía Zoom desde el Servicio Penitenciario, donde permanecerá durante los próximos meses. En la cárcel, según indicaron desde su entorno, se encuentra en un sitio exclusivo para policías y ex policías para cuidar su integridad.