*Por Juan Pablo Parrilla Branda
El juez Héctor Barría ordenó el retiro de los alambrados que los acusados de usurpar tierras comunitarias en el departamento Independencia colocaron luego de que el magistrado ordenara una medida de no innovar en febrero de 2021. La noticia, no obstante, no tranquilizó a los vecinos, que aseguran que la mayoría de las cercas se instalaron antes de que actuara el magistrado. Se viven momentos de mucha tensión en la zona. Esta mañana el juez recibió a varias autoridades.
El domingo se viralizó un video en el que se veía a dos grupos de personas peleando por un alambrado. Llamó la atención que una de ellas parecía tener un arma de fuego en el bolsillo (foto). Se trata de un conflicto que viene de larga data entre una veintena de comunidades en las que viven más de 130 familias y un grupo de personas, la mayoría oriundas de San Juan, que aseguran haber comprado parte de esas tierras a una familia de Chilecito.
Las familias utilizan desde hace varias generaciones unas 100 mil hectáreas para vivir y para que sus animales tomen agua y se alimenten. Un tercio de esas tierras fueron ocupadas en los últimos años y almabradas por el otro grupo. Pero los comuneros hacen hincapié en que perdieron el acceso a 11 vertientes que eran fundamentales para que sus animales puedan subsistir en los meses en los que se secan las represas comunitarias.
A comienzos de 2020, los vecinos presentaron una denuncia penal por usurpación y recién un año más tarde el juez Barría ordenó la medida de innovar, que en los hecho implicaba que nadie podía seguir alambrado. La medida se violó. Por eso, el juez decidió, en una resolución a la que accedió EL FEDERAL ONLINE, “ordenar la liberación inmediata del alambrado colocado en violación a la medida cautelar de no innovar oportunamente dictada”.
Para ello, el juez estableció que el jefe de comisaría de Patquía o quien él designe deberá intimar a los ocupantes que poseen alambrados en la zona de conflicto “para que los mismos sean extraídos en el plazo de 48 horas y, en caso de incumplimiento, serán retirados por el personal policial interviniente y/o personal que los mismos designen, debiendo dejarse liberala la zona a los fines de la libre circulación”.
Hay otro aspecto clave de esta historia. En marzo de 2021, la Secretaría de Tierras y Hábitat social declaró a la zona como Área Bajo Procesamiento, que es una suerte de medida de no innovar y que constituye un paso previo al saneamiento de los títulos de propiedad, en el marco de la ley 6.595, que es la que regula el tema y que se creó con el fin de regularizar situaciones como las de estas veinte comunidades, que tienen una posesión precaria de sus propiedades, pero que viven en sus tierras, en algunos casos, desde hace seis o siete generaciones.
Por eso el juez Barría ordenó que su nueva medida regirá “hasta tanto la Secretaría de Tierras y Hábitat Social culimine con las tareas administrativas que conllevan la declaración de Área Bajo Procesamiento”.
En otras palabras, el juez le tiró la pelota al gobierno provincial. Ayer, ante la consulta de este medio, en la secretaría que conduce Irene Zárate Rivadera subrayaron que el conflicto es judicial, pero el magistrado pareció desmentirla.
La notificación de la medida llegó ayer al mediodía a la comisaría de Patquía y poco después se enteraron en las comunidades, que no tardaron en remarcar que “no son todos los alambrados”, pues buena parte de ellos se colocaron antes de que el juez dicte la medida cautelar. Como la policía realizó visitas oculares a la zona, deberá comparar lo que había antes y después antes de decidir qué debe retirarse y qué no.
Hay una realidad: Barría en este caso no puede avanzar sobre todos los alambrados hasta que no haya una resolución de fondo y actúe la Secretaría de Tierras y Hábitat social. Pero al mismo tiempo, la bronca de los vecinos es legítima. “Nuestros animales se están muriendo hoy y necesitan llegar a las aguadas para beber y alimentarse”, dijeron ayer a EL FEDERAL ONLINE, y compartieron una gran cantidad de imágenes de animales muertos.
Fuentes judiciales informaron que esta mañana hubo reuniones del juez Barría con el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, y con el secretario de Seguridad, Pedro Fuentes. El magistrado también conversó con Nicolás Azcurra, abogado de las comunidades.
La situación es muy compleja, porque en las comunidades están muy enojadas, “en estado de movilización”. El conflicto lleva décadas y hace un lustro se agudizó con la llegada de dos personas de San Juan, que aseguran haberle comprado a la chileciteña Natalia Pavón, quien ayer no contestó a los mensajes que le envió EL FEDERAL ONLINE para conocer su versión. La denuncia ya fue presentada hace más de 4 años, el gobierno intervino en la zona hace más de 3 años y los vecinos todavía no obtuvieron alguna respuesta. Son más de 130 familias afectadas, es decir, cientos de personas que tan sólo reclaman seguir viviendo en paz.
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