El martes último se produjeron 13 allanamientos en domicilios privados y en la sede de la Municipalidad de Saldán, Córdoba, en el marco de una investigación federal en la que el fiscal Enrique Senestrari solicitó la imputación del exintendente de esa localidad y actual concejal, Cayetano Canto, junto a tres hijos. 
Fue el desenlace de una investigación que arrancó cuatro años atrás y que permitió abrir, ahora, otra pesquisa. La sospecha es por lavado de activos.

Aquel expediente trata de una mega evasión impositiva a partir de la emisión de facturas apócrifas, donde hay personas involucradas en la generación de esos comprobantes, reclutadores que captaban personas para utilizar sus datos personales y empresarios que las compraban para ‘dibujar’ operaciones. El caso es conocido por el nombre del cabecilla, Diego Alberto Vieyra Ferreyra, y se puede decir que es la causa penal económica más grande que se tramitó hasta ahora en los tribunales federales cordobeses.

Recientemente, Vieyra Ferreyra fue noticia porque tras ser liberado por el Juzgado Federal N°1 y ser confirmada esa decisión por la Cámara Federal de Córdoba, Casación ordenó revertirla. 
En virtud de ello, en los primeros días de mayo fue nuevamente detenido.
Mientras se sustanció la investigación principal, se pidió intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), específicamente por Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). En los últimos dos años llegaron los informes del organismo. Un lote importante de información estuvo referido a los empresarios involucrados en las maniobras.

El último en llegar contiene datos sobre Cayetano del Valle Canto, algunos muy llamativos. Fue incorporado al expediente principal al que tienen acceso los defensores de los 50 imputados que tiene la causa.
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Según se pudo conocer, llamaron la atención un par de detalles.


La UIF informó que Canto declaró que ganó más de 230 veces en juegos de azar, casinos y loterías. 
Todo ocurrió en el lapso de 18 meses, lo que da una proporción de éxito asombrosa. 

El exintendente mantuvo la suerte intacta a lo largo de ese período obteniendo ganancias por el juego cada tres días. 

Hay que tener presente que los reportes abarcan algunos meses del 2021, cuando existían restricciones en la actividad de casinos por la pandemia de coronavirus.
La información resulta más sospechosa aún si se observa un segundo dato que contiene el informe de la UIF. C
on asiduidad, en el mismo período, extrajo dinero efectivo de la cuenta de la Municipalidad de Saldán en el Banco de Córdoba. La misma conducta se observó por parte del extesorero y de la actual intendenta, Carolina Cristori.
Lo extraño es que se procure dinero físico y no se giren o transfieran fondos a través de cheques.

Ambas situaciones fueron relevadas por la UIF como sospechosas, porque declarar ganancias a través de juegos de azar en sus múltiples variedades (lotería, casino, hipódromo, apuestas, etc.) es considerada una de las tipologías de lavado definidas por el Gafi (Grupo de Acción Financiera).

Discusión por la figura “lavado de activos”. Sobre la información relevada e ingresada al expediente, surgió la presunción del lavado de activos por el que deberá ser indagado Canto y tres de sus hijos, a cuyos nombres estarían inscriptos varios bienes inmuebles y autos que serían de su propiedad. Justamente por esas propiedades profundizó su pesquisa la Afip.

Este medio intentó contactar a los defensores de Canto, pero aún hay tratativas para definir quiénes asumirán su asistencia técnica. Sin embargo, abogados vinculados a la causa cuestionaron la aplicación del lavado de activos sin individualizar un delito precedente. En caso de que no exista, sostienen que la figura no es lavado sino enriquecimiento ilícito.

En realidad, no es la primera vez que Canto es involucrado en la causa. Ya fue imputado junto al exintendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, por su actuación al frente de la Comunidad Regional Colón. Se detectó, años atrás, la salida de dinero del ente por montos millonarios siderales. Esa parte de la investigación está frenada porque el Juzgado Federal 1 consideró que debía pasar a la Justicia Provincial, posición a la que se opuso el fiscal Senestrari.

A la Afip le llamó la atención otra situación. 

La pollería San Cayetano, propiedad de Canto, había sido contratada por la Municipalidad de Saldán durante su gestión. 
No se analiza si el precio era justo o no, sino la transparencia de la adjudicación y la eventual incompatibilidad en la compra.

EL DESCARGO DE CANTO

Al día siguiente de los allanamientos, Cayetano Canto se presentó en los estudios de Radio Nexo y brindó una extensa entrevista. 

Según publicó la emisora en su web, el exintendente señaló: “Estamos para llevarles tranquilidad para la gente y qué mejor que salga de mi boca para evacuar todas las dudas (…) Siempre di la cara”.
Canto añadió que “se hicieron allanamientos en mi excasa, en el peladero, en todos los negocios que tienen que ver conmigo. Sólo se llevaron los celulares, no había mucho más”.

En relación a la causa de la Comunidad Regional advirtió que “hay que demostrar si esa plata se usó en beneficio propio”.

Y sobre sus propiedades dijo estar a disposición de la Justicia. 
“Cuando estás en política tenés que estar dispuesto a todo. Lo que no puedo dejar de hacer es vender pollos que hace 50 años lo hago. Lo único que no voy a dejar de hacer es pelar pollos, que es el negocio familiar”, concluyó.