*Por el Equipo de EL FEDERAL
La Rioja sigue sumando fallos judiciales que desprestigian todavía más la pésima imagen que los jueces tienen frente a la sociedad. En este caso, le pusieron un bozal legal al abogado David Calipo, tras sus denuncias por corrupción e irregularidades contra la jueza Virginia Illanes Bordón. La sentencia es un verdadero mamarracho jurídico digno de una dictadura. En la mira quedó la autora de la resolución, la magistrada Florencia Alfonso, pues cometió varias polémicas procesales y su decisión huele a podrido.
Fuentes judiciales indicaron que la denuncia contra Calipo la presentó el mes pasado Illanes Bordón en el juzgado de violencia de género. Tiempo antes, el abogado le había denunciado ante el Consejo de la Magistratura por irregularidades en casi cuarenta causas en su juzgado. Calipo también patrocina a los querellantes en dos causas penales en las que la magistrada está imputada, acusada de pedir y recibir coimas. Y la denunció en un tercer expediente por, supuestamente, usar patrulleros con fines personales y recibir en su domicilio artículos de librería pagados por la Función Judicial.
En ese marco, la jueza Alfonso le prohibió a Calipo que vuelva a mencionar a Illanes Bordón en público y en privado, en una resolución con una redacción tan vaga que podría dar lugar a serias arbitrariedades.
Al apelar esa decisión, el agabodo contó que nunca fue notificado de la denuncia, sino que se presentó espontáneamente en el juzgado luego de enterarse de la acusación durante una entrevista que dio un abogado de Illanes Bordón. Allí, dijo, le contestaron que no podía acceder a la causa.
Como luego trascendió un número de expediente, siempre según el relato de Calipo, el abogado acercó un escrito al juzgado, donde explicó su versión de los hechos y argumentó que no se trataba de un caso de violencia de género, porque a Illanes Bordón no la cuestionaba por ser mujer, sino por ser funcionaria judicial.
Según explicaron las fuentes, si la jueza Alfonso consideraba que era necesario tomar alguna medida cautelar, debería haberlo hecho inmediatamente, tal como ordena la ley 26.485, que regula los mecanismos de protección contra la violencia de género. En efecto, para eso se crearon los juzgados de violencia de género en La Rioja: para que no se demoren decisiones que deben ser urgentes y que no se repitan casos como el de Deolinda Torres, que quiso denunciar a su ex pareja, pero el Estado no la protegió y finalmente fue asesinada a sangre fría.
Pero la jueza Alfonso no tomó ninguna medida cautelar. No sólo eso, sino que, según las fuentes y la documentación a la que accedió EL FEDERAL ONLINE, el 14 de junio, a Calipo le informaron que podía acceder al expediente y que “no existe por el momento persecución penal”. O sea, no había nada de nada. La jueza lo notificó, pero no le impuso ninguna medida.
Tiempo después, Calipo fue notificado de que el proceso iba a ser suspendido hasta que se resuelva un pedido de Illanes Bordón para apartar del caso al fiscal Diego Torres Pagnussat.
¿Qué había sucedido? Una vez que se inició la causa, de acuerdo a las fuentes, la jueza le pidió al fiscal que dictamine si el hecho denunciado tiene apareciencia de delito, porque sólo los fiscales pueden impulsar la acción penal. Los jueces juzgan, no acusan. La acusación corresponde a los fiscales. Y Torres Pagnussat contestó que no había delito y que había que mandar a archivar la causa, porque no se trataba de un caso de violencia de género.
Ante ello, Illanes Bordón intentó sacarlo del expediente, con el argumento de que el fiscal la había imputado en otras dos causas por delitos de corrupción. Legalmente no tenía razón. Quizás por eso, según la apelación, la jueza Alfonso todavía no resolvió la recusación. Lo curioso aquí es que hasta ese momento, la magistrada siguió interviniendo en la causa sin imponer ninguna medida cautelar.
El 27 de junio, casi un mes después de la denuncia, Calipo fue nuevamente notificado de otra resolución de la jueza Alfonso. La magistrada siguió con el curso del expediente sin pedir ningún tipo de medida cautelar.
Finalmente, el 5 de julio la jueza emitió la polémica resolución en la que ordenó a Calipo “el cese y/o abstención de expresiones respecto de la Dra. Virginia Nelly Illanes Bordón, haciendo mención de la misma, ya sea de manera directa o indirecta, mediante expresiones que permitan identificarla por cualquier medio de comunicación masivo, incluido redes sociales de todo tipo, así como en reuniones o grupos de personas, de modo que resultare infamante o difamatorio”.
Muy llamativo: Calipo subrayó que lo notificaron el viernes pasado, es decir, el último día antes de la feria judicial, a las 13.01, o sea, un minuto luego del cierre de los juzgados. La mala fe es evidente. “Esto demuestra con claridad la intensión real del juzgado, proteger a una funcionaria judicial cuestionada en su condición de funcionaria pública”, sostuvo el abogado.
Hay más: ni siquiera le notificaron los fundamentos de la decisión, con lo cual, hasta el día de hoy Calipo no sabe en qué se basó la jueza para censurarlo.
La decisión de imponerle un bozal incluso en reuniones privadas implica, por ejemplo, que Calipo no se podría reunir con los clientes que denunciaron a Illanes Bordón y mencionarla. Y encima la jueza lo amenazó con hacerlo detener si no cumple con la orden que emitió, como ocurre en las dictaduras: no hay leyes, no hay derechos y los jueces hacen lo que se les canta.
“Estamos en presencia de uno de los actos de despotismo, arbitrariedad y violación al principio de imparcialidad pocas veces visto en la provincia de La Rioja. Si analiza la ley invocada por la magistrada en ninguno de sus artículos prevé un bozal legal. Se está utilizando al sistema judicial para que no transciendan hechos que en la ciudad de Chilecito ya no hay manera de contenerlos”, indicó Calipo al apelar el fallo.
En ese escrito, el abogado también acusó a la jueza Alfonso de haber “incurrido incluso en las causales de mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”. También advirtió recientemente que denunciará el caso ante el Consejo de la Magistratura.
Por otra parte, Calipo hizo lo que técnicamente se llama “reserva del caso federal”, con lo cual, dejó abierta la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, una estrategia que sirve como elemento de presión, porque el máximo tribunal jamás avalaría semejante fantochada judicial, lo que podría constituir un antecedente a favor de un eventual jurado de enjuiciamiento para la magistrada.
Además, Calipo presentó otro escrito para pedir que la jueza Alfonso sea removida del expediente.
Ahora el TSJ deberá decidir si le da la razón a Calipo y le da una señal a la sociedad de que el autoritarismo tiene límites o permite que los magistrados impongan su propia ley.