*Por Juan Pablo Parrilla
El fiscal Diego Torres Pagnussat pidió que se impulse la investigación en dos causas en las que la jueza Virginia Illanes Bordón, del juzgado de Instrucción 2 de Chilecito, está sospechada de pedir dinero a cambio de mejorar las condiciones procesales de dos acusados. En los dos expedientes, las denunciantes, ambas mujeres, aportaron conversaciones por WhatsApp entre las pruebas. EL FEDERAL ONLINE repasa en esta nota los detalles del primer caso.
En paralelo, la magistrada tiene un pedido de jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura solicitado por el abogado David Calipo, por supuestas irregularidades en otros 9 casos. La presentación original ya tuvo tres ampliaciones, pero el tema todavía no fue tratado, en medio del escándalo por la cámara oculta a la jueza Norma Abate de Mazzucchelli.
Una ayuda para mi hija
En el primer caso, el fiscal acusó a Illanes Bordón de cometer el delito de cohecho pasivo agravado. El expediente impulsado por una mujer que tenía una denuncia penal en su contra. En ese momento, la magistrada estaba a cargo del juzgado de Instrucción de Villa Unión y estaba actuando como jueza subrogante en Chilecito.
Lo que sigue es la reconstrucción del caso en base a la denuncia. Todo comenzó cuando la denunciante recibió una notificación del juzgado y decidió consultar a la magistrada en su despacho, quien le habría dicho:
–“Sobre tu causa, despreocupate, ya me encargo yo, ya la llamo a mi secretaria para que me ponga al día con tu causa”.
–“Gorda, ¿me hacés un favor? No puedo salir de la oficina, necesito que me prestes $50.000 para hacerle el cumpleaños a mi hija”.
El dólar blue costaba en ese momento unos 11 pesos. Es decir que lo que la jueza le habría pedido eran unos 4.500 dólares, o sea, más de 5 millones de pesos al valor actual, una cifra similar a la coima que solicitó durante el regateo la jueza Abate de Mazzucchelli.
La denunciante aseguró que sacó $20 mil de su caja de ahorro en el Banco Nación y se los entregó en su oficina, en el edificio de Tribunales. Y dijo que los $30 mil restantes se los acercó a la casa de la jueza, quien habría prometido que los devolvería unos meses después.
Siempre de acuerdo a la presentación de la denunciante, tiempo después Illanes Bordón le hizo una visita a su casa y le dijo que tenía que ir al juzgado a firmar una notificación. La habían sobreseído.
Hay 89 fojas certificadas ante una escribana pública con mensajes de WhatsApp que fueron aportadas a la causa, que probarían que la denunciante le reclamó la plata a Illanes Bordón durante unos 3 años.
Al parecer, finalmente la jueza, varios años después y con el dinero completamente devaluado, le hizo una transferencia por $7 mil y le acercó otros $10 mil en efectivo a la casa. Luego, de acuerdo a la denuncia, le envió mensajes de audio –aportados como prueba– en los que citó a la denunciante a su casa y ahí le habría dicho: “Cobrate lo que resta del dinero que me prestaste del favor que yo te hice en tu causa”.
Durante la investigación contra la magistrada, se pidieron oficios al Banco Rioja, al Banco Nación y a Telecom para probar el relato, las llamadas y los movimientos bancarios. Y finalmente el fiscal, con esas pruebas a cuestas, pidió que el juez fije fecha para la indagatoria de Illanes, que se cite a declarar a la denunciante y que se comunique la imputación al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Magistratura.
Además, el fiscal solicitó que se fijen medidas de protección a la denunciante, quien se presentó en la fiscalía y dijo: “[La jueza] siempre hizo alarde del poder que ejerce sobre personas y policías, y después de haber pasado tantos años, tras quedar abatida de tanto rogarle que me devuelve el dinero, temo por las represalias que pueda tomar la jueza en mi contra, debido a que vivo sola en mi domicilio”.
Más imputaciones
Illanes Bordón también está imputada en otro expediente, un poco más complejo, de otros tres delitos: cohecho pasivo agravado, prevaricato y estafa. Los detalles de esa otra acusación, mañana, en EL FEDERAL ONLINE.
Mientras, el Consejo de la Magistratura debe decidir si acepta un pedido del abogado David Calipo, que es querellante en las dos causas penales. El letrado la acusó de cometer irregularidades en varias causas, en algunas de las cuales fue patrocinante y en otras de las que tuvo conocimiento de situaciones extrañas que habrían ocurrido.