*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
En medio de los escándalos en torno al juez Alejandro Aquiles, de Chamical, surgió un dato llamativo: en febrero de 2021, un abogado presentó un pedido de jurado de enjuiciamiento en su contra con pruebas muy concretas, pero el Consejo de la Magistratura hizo la vista gorda y nunca mandó a investigar el caso.
Aquiles es juez de Paz Letrado de Chamical, pero cuando está de licencia la jueza Adriana Loureiro, titular del Juzgado de Instrucción, suele reemplazarla. Por eso fue noticia esta semana, por ordenar la prisión domiciliaria, en plena feria, de una docena de detenidos.
Y en ese marco se conoció que también le había dado en calidad de depósito judicial dos vehículos (foto) a un amigo, el ex diputado y actual empresario Enrique Jacobo Nicolini, quien también figura mencionado en varios pasajes de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, por dos casos en los que él o su pareja fueron demandados en el juzgado de Aquiles.
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura la presentó en febrero de 2021 el abogado Nicolás Luna, pero el organismo nunca investigó el caso. El escrito que entregó, según él mismo contó, se basaba en varias cuestiones, desde negativas a apartarse de causas en las que tenía amistad con alguna de las partes o sus abogados hasta supuestas irregularidades que, de ser verdad, serían de un nivel de gravedad escandalosa.
Luna denunció que Aquiles cometió irregularidades en los expedientes en los que intervino para vengarse de él a partir de una causa en 2012, donde pidió que el magistrado se apartara de un juicio porque supuestamente tenía una amistad manifiesta con el abogado querellante. “Ahí nació el resentimiento del juez contra mi persona”, escribió sobre ese primer capítulo de esa historia, muy menor para lo que pasaría después.
Con los años, Luna dejó de litigar en Chamical, porque se convenció de que Aquiles le cerraba las puertas y el resto de la corporación judicial lo acompañaba. Así se lo explicó a EL FEDERAL ONLINE. Lo que sigue en esta crónica periodística es la reconstrucción de esos años, basado en el testimonio del abogado y en la presentación que realizó ante el Consejo de la Magistratura.
Venganza
El pedido de jurado de enjuiciamiento está divido en dos partes. La primera es la más suave. Comienza repasando dos casos en los que Luna trabajaba. Uno era una disputa por 80 hectáreas y el otro, por un préstamo. Ante la falta de avances en ambos expedientes, los clientes del abogado presentaron una denuncia por retardo de justicia ante el Tribunal Superior de Justicia. Eso, según la denuncia, habría enfurecido a Aquiles, quien respondió fallando en contra de las personas que lo habían acusado.
“El Tribunal Superior de Justicia le pide un informe al magistrado. Ahí toma conocimiento el señor juez Aquiles de que fue denunciado y resuelve en contra de los denunciantes”, indicó Luna en su denuncia. Y advirtió que se debería haber aplicado el artículo 143 de la Constitución vigente en ese momento, que establecía que una vez que se vencen los plazos legales para que un juez dicte sus resoluciones y tras un pedido de “pronto despacho”, los jueces “pierden la competencia de pleno derecho, sin necesidad de declaración alguna”. O sea, Aquiles no debería haber seguido al frente de los expedientes.
“Como represalia”, según la denuncia, la respuesta de Aquiles fue fulminante. En uno de los casos, dos personas que se disputaban unas 80 hectáreas se habían denunciado mutuamente. Dos fiscales dictaminaron que el cliente de Luna no había cometido un delito, pero el juez Aquiles, tras la denuncia que le realizaron, les sumó dos nuevas imputaciones, por otros dos delitos, siempre de acuerdo al texto de la presentación ante el Consejo de la Magistratura.
En el otro caso, según las fuentes, un sujeto había realizado un préstamo a un panadero, quien puso unas herramientas de panadería como garantía. La jueza Loureiro le dio las herramientas como depósito judicial al cliente de Luna. Y Aquiles, tras la denuncia ante el TSJ, le secuestró las herramientas al prestamista, se las devolvió a los imputados y cerró la causa, “en contra de la opinión del fiscal”, de acuerdo a la denuncia.
“Todo lo hizo como una forma de revanchismo por haber sido denunciado ante el TSJ por no trabajar”, sostuvo Luna.
Finalmente, según contó Luna a EL FEDERAL ONLINE, Aquiles contestó un pedido de informes del TSJ alegando que ya había resuelto los dos casos. Los clientes de Luna perdieron y el máximo tribunal mandó a archivar las denuncias contra el juez.
“Se ve claramente como un juez que se sintió atacado por haber sido denunciado por no trabajar resuelve las causas con resentimiento en contra de este letrado y sus clientes, abusando del poder que le da el Estado”, concluyó el abogado Luna.
Juez civil y penal… al mismo tiempo
Cuenta Luna en su denuncia que en noviembre de 2020 inició un juicio de desalojo de un campo de 1.500 hectáreas que recayó en el Juzgado de Paz de Aquiles. El abogado lo recusó, entre otras cosas, porque Aquiles había sido el juez que intervino previamente en la causa penal conectada a ese caso.
En 2014, Aquiles había intervenido como juez subrogante de Instrucción y les restituyó la posesión a los acusados de usurpación “que no tenían papeles, nada de nada”, en palabras de Luna.
Luna consideró que en su momento el magistrado se excedió en su facultad de juez penal, pues se debería haber limitado a establecer si había delito. Y ahora volvía a intervenir en el caso, pero como juez civil, ante un pedido de desalojo.
“Alejandro Antonio Aquiles actuando como juez penal le quita las tierras de propiedad de mi cliente y ahora como juez civil quiere ser quien decida los derechos de mi cliente. Es una aberración jurídica total”, resumió el abogado.
Luna pidió nuevamente que Aquiles se aparte de la causa, pero el juez rechazó el pedido por un supuesto error formal. Aquí Luna hizo una salvedad: el magistrado -dijo- debería haber indicado cuál era el error para que sea subsanado, como ordena el Código Procesal. Pero, en cambio, directamente rechazó la pretensión. Fue, según la denuncia, “una clara manifestación de no querer perder la competencia de la causa, quizás por algún interés en las tierras”.
Por algo, dijo, “rechazó la recusación tratando de sostener a toda costa la competencia de la causa”. Y sentenció con ironía: “Cueste lo que cueste, no quiere perder la competencia. ¿Será que las tierras son de interés personal del magistrado?”.
Diputado, amigo y parte
La última parte de la denuncia tiene que ver con el ex diputado y actual empresario mediático y gastronómico Enrique Nicolini, con quien, de acuerdo a la denuncia, Aquiles tiene “una amistad íntima”.
Luna recuerda que “Nicolini fue el encargado de convencer a sus pares de que su amigo Aquiles sea designado juez”.
Lo explica así: “Nicolini era diputado provincial por Chamical cuando Aquiles concursó para el cargo de juez de paz letrado de Chamical en el Consejo de la Magistratura. Por orden de mérito salió primero el doctor Chiavassa. Es ahí que, mediante mensajes de correo electrónico, Enrique Nicolini (ejnicolini@yahoo.com.ar) le informaba a Aquiles (alejandroaquiles@gmail.com) el contenido del informe del Consejo de la Magistratura y Alejandro Aquiles lo instruía de cómo tenía que plantear en el bloque de la Cámara de Diputado para desplazar a Chiavassa y que lo designen a él como juez”.
Según la escrito, Luna adjuntó “copias del intercambio de mails entre estos dos amigos con la finalidad llegar al cargo de juez uno de ellos, aprovechando que el otro era diputado provincial, situación que debe ser investigada”. Asimismo pidió una serie de medidas de prueba para intentar probar la veracidad de sus afirmaciones.
En ese marco, siempre según Luna, Aquiles intervino en dos expedientes en los que su amigo fue denunciado por cuestiones laborales. El abogado asegura que el magistrado debería haberse inhibido. Y, lamentó, hasta ahora ninguno de los dos juicios se resolvió a favor de los trabajadores.