(Redacción de EL FEDERAL ONLINE). Las irregularidades detectadas en La Rioja, “involucra a varios médicos y funcionarios provinciales y municipales”, revelaron fuentes de Casa Rosada. “Hay mucho movimiento”.
El Gobierno anunció que auditará “uno por uno” a los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral, tras identificar el otorgamiento de esas asistencias a personas que no las necesitaban. Lo que definieron como “una actividad fraudulenta a gran escala” equivale a desvíos de fondos que estiman en unos US$3400 millones en 2023, según surge de una investigación interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“La cifra de pensiones a diciembre 2023 se ubicó en 1.222.000 beneficiarios después de cuatro años de gestión del profesor [Alberto] Fernández.
Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar en conferencia de prensa la revisión a partir de agosto de más de un millón de personas que reciben ese beneficio de unos $210.000 por mes.
“Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente”, agregó el funcionario
TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno auditará 1,2 millones de pensiones por invalidez laboral: La Rioja entre las provincias con más irregularidades
Fuentes en el Andis, revelaron detalles de La Rioja, la sexta provincia con más irregularidades en la entrega de las pensiones por invalidez laborales ‘truchas’.
“Estamos en la investigación de los casos y desde el departamento de legales, se están redactando las denuncias penales a médicos, funcionarios provinciales y municipales”, declararon a EL FEDERAL ONLINE.
En las últimas horas se conoció las primeras denuncias penales en la localidad de un municipio de Chaco, donde casi el 10% de la población obtuvo un certificado por discapacidad laboral ‘trucho’.
La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Amad. En la causa está imputado el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, además de médicos ,“gestores” y tres directores de un hospital. Se secuestraron cuadernos con los montos que pagaban los “beneficiarios”.
“El 97 por ciento de esas Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral son truchas”, aseveró el fiscal al ser consultado por medios nacionales.
Se trata del expediente 2929/2023 caratulado como “defraudación contra la administración pública”, expediente que tiene ribetes escandalosos.