La Justicia procesó este lunes al líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni por el delito de adminsitración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional al haber recabo prueba suficientes para demostrar que el líder piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final del dinero. Además el juez federal Sebastián Casanello le trabó un embargo de $390 millones.
El magistrado, junto con el fiscal Gerardo Pollicita, reunió varias pruebas que demostrarían que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de los fondos que recibieron como unidad de gestión del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda. El procesamiento también alcanza a otros 16 integrantes del Polo Obrero, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
El Juez sostiene que para lograr este objetivo, el Polo Obrero utilizó una serie de empresas “truchas” para justificar la utilización de la plata que le deba Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo. Estas firmas son la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies.
“Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado”, afirmó el magistrado. La Justicia probó que alrededor de $40 millones fueron a este grupo de firmas.
En algunos casos estas compañías hacían facturas truchas para que el PO luego las presente ante el exministerio de Desarrollo Social para justificar la plata del Potenciar Trabajo y en otros, las empresas después de cobrar el dinero que les enviaba la organización de Belliboni le endosaban cheques a la imprenta Rumbos, que tiene domicilio fiscal en la sede del Partido Obrero. La Justicia ya probó que esta firma hizo aportes electores al Partido Obrero por $18 millones y hasta contrató a una empresa de publicidad para que trabaje en la campaña del espacio.
Por las facturas truchas, además, de Belliboni, fueron procesados Mariano Alejandro Centanni (tesorero del Polo Obrero) y Elizabeth del Carmen Palma, que si bien no participó de la firma de los convenios, suscribió las facturas y los recibos vinculados a las firmas Rumbos y Miniso Trade.
La Justicia procesó al líder del Polo Obrero por un millonario fraude con los planes sociales
En la lista de procesados por administración fraudulenta se encuentran Jeremías Cantero (número 2 del Polo Obrero); María Isabel Dotti; Elizabeth del Carmen Palma; Dina Patricia Iramain; Brisa Noelia Paucara Choque; Elizabeth Galindo Mamani; Roberto Adrián Albornoz, dueño de la imprenta Rumbos.
La Justicia también proceso a dirigentes del Polo Obrero por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo
Además, la Justicia recolectó pruebas que indican que la plata que los dirigentes del Polo Obrero le sacaban a los beneficiarios del Potenciar Trabajo no era solo para sostener la estructura del comedor al que pertenecían, sino que una parte se destinaba al Partido Obrero. Se trata de las famosas cápitas, que en algunos casos rondaban los $2000, pero en otros llegaban hasta los $5000 mensuales.
En el expediente los investigadores recolectaron prueba para verificar que las cápitas también se canalizaban a través de la imprenta Rumbos.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita trabaja en una nueva línea de investigación que podría involucrar a exfuncionarios del ministerio de Desarrollo Social. Según pudo saber TN, la Justicia quiere saber si los funcionarios que integraban la Secretaría de Economía Social que en los años de Alberto Fernández estuvo liderada por Emilio Pérsico “participaron” de la maniobra de desvío de dinero al no haber controlado las facturas apócrifas presentadas por el Polo Obrero.
Los investigadores analizan cada una de las líneas de mando de esa dependencia: desde Emilio Pérsico hasta el último eslabón e intentan determinar si la falta de control pudo haber sido un “error” o una omisión voluntaria. Si es así, se intenta establecer si existió una orden desde los altos mandos para que no se controlara y se giraran las fondos.
Una fuente judicial explicó que el Ministerio de Desarrollo Social no podía desconocer que la empresa Coxtex, a la que el Polo Obrero dice haberle comprado computadoras y software, había sido catalogada como apócrifa por la AFIP en noviembre de 2020. A su vez, a los investigadores les llama la atención que ninguno de los esquemas de control haya investigado facturas de empresas sin historial comercial como Miniso Trade, a la que también la organización de Belliboni dice haberles adquirido computadoras.