*Por Juan Pablo Parrilla
Un grupo de abogados impugnó la decisión de la Junta Electoral del Consejo de Abogados de La Rioja de proclamar a Nicolás Azcurra como representante ante el Consejo de la Magistratura. Se trata de un conflicto que divide a dos sectores muy marcados de los abogados y atravesado por las sucesivas denuncias contra jueces que se conocieron en los últimos meses.
Hay varias cuestiones a aclarar para comprender el panorama. El primero es que hay, a grandes rasgos, dos sectores en el Consejo de Abogados: uno más cercano al gobierno provincial, que tuvo el control de la entidad hasta diciembre de 2021, y otro, que ganó las últimas elecciones de la mano de la actual presidenta, Jazmín Sarquís.
Ante ese escenario se debía convocar a unas elecciones especiales para designar al representante del Consejo de Abogados ante el Consejo de la Magistratura, pues venció el mandato de Esther Broilo. No es un cargo menor: ahí se debe definir, entre otras cosas, el destino de las denuncias contra jueces, como la que podría llevar ante un jurado de enjuiciamiento a Norma Abate de Mazzuchelli, acusada de pedir un soborno.
El Consejo de la Magistratura tiene varias denuncias en sus escritorios, entre ellas, la que el abogado David Calipo impulsó contra la jueza Virginia Illanes Bordón, de Chilecito, acusada de cometer irregularidades en casi cuarenta causas. Hoy el Consejo de la Magistratura está dominado por el peronismo e históricamente funcionó como una barrera para que no avancen las acusaciones contra magistrados. Tal el caso que se conoció recientemente de la denuncia contra el juez Alejandro Aquiles, de Chamical. Según las fuentes, el caso se cerró sin investigar a pesar de la gran cantidad de pruebas aportadas.
Pero en esta elección hay un condimento especial: la última reunión del Consejo de la Magistratura, en la que se debía tratar el pedido de jury de enjuiciamiento contra Illanes Bordón, terminó en un cuarto intermedio, porque vencieron los mandatos de los representantes del Consejo de Abogados y de la Asociación de Magistrados, y todavía se deben integrar las comisiones con la nueva composición del cuerpo. La idea predominante entre los consejeros oficialistas es que se designen a los nuevos miembros antes de avanzar en la conformación de las comisiones y de decidir la suerte de la magistrada chileciteña. Si ese criterio se mantiene, el conflicto entre los abogados podría retrasar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Ante ese contexto complejo se realizó la convocatoria a elecciones en el Consejo de Abogados y la Junta Electoral proclamó como ganadores a Nicolás Azcurra y Gisele Chaij, el primero como titular y la segunda, como suplente. La oposición cuestionó la convocatoria a las urnas, pero desde el oficialismo replicaron que utilizaron el mismo procedimiento que se usó en las últimas elecciones, cuando la oposición estaba al frente del directorio.
En ese clima, el viernes un grupo de 11 abogados presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia, donde pidieron que se dicte una medida cautelar de no innovar a los fines de que “se suspendan los efectos de la resolución emanada de la Junta Electoral, por ser contraria a la Constitución Provincial y el resultado de un proceso electoral nulo”.
Y ayer, cuatro de esos abogados presentaron una nota ante el Consejo de la Magistratura, en la que formularon su oposición a la designación de Azcurra y solicitaron “que no se acepte dicho representante en la institución, por carecer de legalidad su designación y, por ello, inválida toda actuación que realice”.
Paso a paso, cómo fue el proceso
Primera aclaración: la ley que creó el estatuto del Consejo de Abogados no está reglamentada, por lo que en principio hay un vacío sobre el proceso electoral. Lo único que establece la nueva Constitución de La Rioja -ya vigente- es que el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura debe ser “elegido por el voto directo de todos los letrados matriculados de la provincia”.
El 26 de junio se realizó una reunión ordinaria del directorio del Consejo de Abogados en la que se resolvió la convocatoria a elecciones generales para el 16 de agosto para designar por 2 años al representante de la organización ante el Consejo de la Magistratura, mediante “el voto directo y secreto de los matriculados, resultando ganadora la lista que obtenga el mayor número de votos”.
También se fijó un cronograma electoral, que fue publicado en la edición del 2 de agosto del Boletín Oficial.
La elección fue impugnada el 5 de agosto por un grupo de abogados del sector opositor, quienes pidieron la revocación del llamado a elecciones por “poseer vicios que generan la nulidad absoluta del mismo por inconstitucional”. Cuestionaron, entre otras cosas, la falta de precisión de las normas que rigen el proceso, la escasa publicidad de la convocatoria y de los integrantes de la Junta Electoral, y los acotados plazos. También solicitaron que se suspenda el plazo de presentación de candidatos.
Sin embargo, el pedido de nulidad fue rechazado en una resolución firmada al otro día por la presidenta del directorio, Jazmín Sarquís, y su secretario, Mauricio Javier Molina. Esa resolución no resolvió, según los denunciantes, el pedido de suspensión de los plazos.
Finalmente, el 8 de agosto, a las 17.30 horas, desde el correo electrónico oficial del Consejo de Abogados les enviaron un mail a los matriculados firmado por los abogados Natalia Riveros y Mario Tarchini, en el que se informó que la Junta Electoral proclamó como consejeros a Azcurra y Chaij, debido a que su lista, llamada “Compromiso con el derecho”, fue la única que se presentó.
El texto destacó, entre otras cosas, que no hubo impugnaciones a los candidatos y que resultaría “inoficioso continuar con el proceso electoral” por la falta de otros candidatos y los gastos que generaría. Citaron como precedente una resolución de una Junta Electoral de 2018, integrada por los abogados Ana Astorga, Carlos Núñez torres y Gustavo San Marco.
Nota aparte merece el debate por la duración del mandato, porque el mandato, según la vieja Constitución, era de 2 años, mientras que en la actual es de 3 años. A Azcurra y Chaij se los proclamó por 2 años.
“Buscan descalificarme”
“La publicación de la convocatoria fue a término en el Boletín Oficial y el día del vencimiento, unas horas antes, ellos hicieron una impugnación y la Junta Electoral rechazó y oficializó la única lista. Podrían haber presentado una lista. Sabían del cronograma. Si no conocían la publicación en el Boletín Oficial, ¿por qué hicieron la impugnación?”, indicó a EL FEDERAL ONLINE el abogado Nicolás Azcurra.
También defendió la legalidad del llamado a las urnas. “La convocatoria es una copia textual de las que ellos mismo han hecho anteriormente, sólo que con ortas fechas. Son los mismos plazos. Ellos están aprovechando esto para descalificarme a mí personalmente”, destacó.
En cuanto al trasfondo, sugirió que el objetivo es político y se mostró pesimista. “Creo que esto tiene un significado muy concreto, que es controlar el Consejo de la Magistratura. El grupo que impugnó las elecciones es el que perdió las elecciones en el Consejo de Abogados, muy vinculada al poder. Por eso no creo que el Tribunal Superior de Justicia me dé una mano”, planteó.
“Nos enteramos de casualidad”
Desde la oposición, en declaraciones a EL FEDERAL ONLINE, la abogada Ana Astorga, una de las que firmó el recurso de amparo, cuestionó la legalidad de los comicios. “No se dio cumplimiento a la manda constitucional, que dice que el representante debe ser elegido por voto directo. El amparo busca que se llamen a nuevas elecciones, que se lleven a cabo en un marco de derecho y respetando el derecho de los matriculados a elegir y ser elegidos con transparencia, y respetando la legalidad del proceso electoral”, advirtió.
Sobre los fundamentos de sus críticas, añadió: “Lo que motivó el amparo ha sido la falta de información y de publicidad en que incurre la institución. Las elecciones han sido convocadas por una resolución del mes de junio y publicada sólo en el Boletín Oficial el 2 de agosto, que era viernes, y la presentación de listas vencía el lunes 5 de agosto. Es decir, sólo dieron horas y en caso de que se vea el Boletín Oficial. Ello sumado a la ausencia del padrón electoral”.
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