[REDACCIÓN EL FEDERAL] El abogado Esteban Mulleady presentó el pasado 2 de agosto una denuncia penal contra la vicerrectora de la UNLaR María Corzo y otras personas por supuestas irregularidades en el manejo de la obra social OSUNLaR. Los acusaron por los delitos de administración infiel, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Fuentes judiciales confirmaron a este medio que la denuncia fue presentada en la comisaría séptima y está basada en distintos hechos que surgieron tras la intervención de OSUNLAR. Fue impulsada por el rector Daniel Quiroga.
“Gracias a la gestión normalizadora se pudieron avizorar pérdidas patrimoniales de exorbitantes sumas que salían de las arcas de la obra social y que iban a parar en empresas vinculadas a la señora Corzo”, indicó Mulleady en un texto enviado a EL FEDERAL ONLINE.
Entre otras cosas, mencionó “grandes sumas pagas en conceptos de diseño de arquitectura en las oficinas de OSUNLaR”, “sillas valuadas en altas cifras que tenían bajísimo costo” y valores de contratación altísimos en el campus (tema investigado en el pasado por este medio), como “servicios de poda millonarios”.
Según las fuentes, también aparece mencionada la empresa Omega, sobre la que EL FEDERAL ONLINE puso la lupa desde antes que estallara en OSUNLAR el escándalo que terminó con la intervención de la obra social.
“Se contrató una empresa de construcción para el servicio de sepelio. No se registró ninguna contraprestación, pero cobró mensualmente entre 6 y 8 millones de pesos durante casi 3 años”, precisó el abogado.
“Todos ellos son hechos delictivos que configuran no sólo el delito de administración infiel, sino también se tipificaría una asociación ilícita por el número de integrantes y los roles de las personas que estaban en la organización. También hay hechos que se configuran como falsificación de documentación de empresas privadas y un evidente enriquecimiento sin causa por el aprovechamiento de la información que tenía como funcionaria”, agregó el abogado.