[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Tribunal Superior de Justicia resolvió suspender los efectos de la elección del Consejo de Abogados en la que se definió a su representante ante el organismo ante el Consejo de la Magistratura, lo que podría virtualmente paralizar el funcionamiento del organismo encargado de la designación, control y sanción de jueces y fiscales.
En las elecciones, Nicolás Azcurra fue elegido como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, pero la lista opositora, vinculada al quintelismo, impugnó el procedimiento, presentó un recurso de amparo y pidió que se dicte una medida de no innovar hasta que se resuelva el fondo.
Con la firma de Ana Astorga Fuentes, Marcos Rodríguez y otros abogados, la oposición en el Consejo de Abogados cuestonó, entre otras cosas, la falta de precisión de las normas que rigen el proceso, la escasa publicidad de la convocatoria y de los integrantes de la Junta Electoral, y los acotados plazos.
Desde el oficialismo contestaron que se siguió el mismo procedimiento que en el pasado aplicó el sector ligado al peronismo cuando estaba al frente del Consejo de Abogados. “La convocatoria fue una copia textual de las que ellos mismo han hecho anteriormente, sólo que con ortas fechas. Son los mismos plazos. Ellos están aprovechando esto para descalificarme a mí personalmente”, dijo Azcurra a EL FEDERAL ONLINE.
Como sea, el TSJ resolvió suspender los efectos de la resolución del Consejo de Abogados que desginó como ganadores de Azcurra, en calidad de titular, y a Gisele Chaij como suplente. Y ordenó que el Consejo de Abogados presente un informe para contestar la demanda.
El problema podría ser una mera interna entre los abogados, pero es mucho más grave, pues en las últimas reuniones del Consejo de la Magistratura se dijo expresamente que la idea es avanzar sólo cuando este completamente integrado el cuerpo, para no dar lugar a eventuales nulidades.
Más allá de que el argumento ser cuestionable, si el Consejo de la Magistratura no funciona no podrían avanzar las múltiples denuncias contra jueces. El caso más conocido es el de la jueza Virginia Illanes Bordón, pero no es el único. En efecto, la actual presidencia, a cargo de Claudio Saúl, ordenó que avancen algunos expedientes que estaban paralizados desde la gestión de Karina Becerra, según indicaron las fuentes consultadas.
Pero además, si el Consejo de la Magistratura no funciona, el único mecanismo para designar jueces es su nombramiento como magistrados transitorios, un proceso completamente discrecional que la Legislatura ha usado una y otra vez para llenar vacantes con magistrados elegidos a dedo, algunos sin ningún otro mérito más que militar el peronismo.
Quizás lo que podría haber hecho el TSJ es incluir algún tipo de aclaración sobre cómo debe funcionar el Consejo de la Magistratura, pues el efecto, como se explicó, va mucho más allá que resolver una interna entre dos sectores de abogados, uno de los cuales está directamente vinculado al gobierno provincial y que ha sido favorecido.