[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Gobierno de La Rioja comenzó un proceso de intimación por carta a empleados públicos que cumplen con los requisitos legales para jubilarse, instándolos a iniciar el trámite previsional en un plazo de diez días corridos.
Esta medida, basada en la ley provincial 10.784, que modificó el Estatuto del Empleado Público, establece que aquellos trabajadores que no acrediten el inicio del trámite jubilatorio dentro del plazo estipulado verán suspendido el pago del adicional conocido como “quincenita”, hasta que regularicen su situación.
Según la normativa vigente, los empleados públicos que hayan alcanzado la edad y los años de servicio requeridos para jubilarse deben iniciar el trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En caso de no hacerlo, además de la suspensión de la “quincenita”, se establece que el trabajador continuará prestando servicios por un período máximo de tres meses o hasta que se le otorgue el beneficio previsional, tras lo cual se procederá a su baja de la Administración Pública Provincial.
La Subsecretaría de Gestión Previsional ha comunicado que esta medida busca ordenar el sistema previsional y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. Sin embargo, ha generado preocupación entre los empleados públicos que no quiere jubilarse, más allá de que están legalmente obligados a hacerlo.
Es importante destacar que, según el artículo 19 de la ley 24.241, los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria son 65 años de edad para los hombres, 60 para las mujeres y 30 años de servicios con aportes computables. En este contexto, el Estado provincial está facultado para intimar a los empleados que cumplen con estos requisitos a iniciar el trámite jubilatorio.
Esta situación ha generado un debate sobre los derechos de los trabajadores y las políticas de gestión del personal en la administración pública. Mientras algunos sectores consideran que la medida es necesaria para optimizar el funcionamiento del Estado, otros la critican por considerar que vulnera los derechos de los empleados públicos.