[REDACCIÓN EL FEDERAL] Un efectivo de la Policía de La Rioja, acusado de violencia de género, protagonizó un nuevo episodio que derivó en su demora, según informaron fuentes policiales. A pesar de estar denunciado por agredir brutalmente a su pareja, el uniformado no había sido detenido por disposición de la fiscalía. Sin embargo, su posterior conducta obligó a la cúpula policial a intervenir.
Fuentes policiales indicaron a EL FEDERAL ONLINE que el primer hecho se registró el sábado 8 de junio por la mañana, cuando C.E.S., de 24 años, denunció a su pareja, el sargento policial H.M.D. (33), por una violenta agresión ocurrida durante la madrugada. Según consta en el parte policial, el efectivo le habría quitado el celular en medio de una escena de celos, la habría golpeado con puños en la cabeza y el cuerpo, y le habría doblado el brazo izquierdo. El informe médico confirmó lesiones contusas y hematomas con un tiempo de curación estimado entre 5 y 7 días.
La denunciante manifestó que no era la primera vez que sufría agresiones por parte del mismo hombre, pero que no había denunciado antes por temor. También solicitó medidas de protección, las cuales le fueron otorgadas.
A pesar de la gravedad de los hechos y de la solicitud expresa de medidas cautelares, la fiscal interviniente no ordenó la detención inmediata del policía. Esto generó malestar en el entorno de la víctima y en el ámbito arbitral, donde el uniformado se desempeña. De hecho, el acusado, según las fuentes, es un personaje conocido y poco querido dentro del fútbol local.
El conflicto escaló aún más al día siguiente, el domingo 9 de junio, cuando H.M.D. se presentó en uniforme en la casa de L.R.O., dirigente del Consejo de Árbitros y familiar de la denunciante. Según el segundo parte policial al que accedió EL FEDERAL ONLINE, increpó y coaccionó al dirigente por haberlo dejado fuera de una prueba física. La víctima estaba en el lugar, por lo que se produjo un escándalo.
El escándalo obligó al jefe de Policía a ordenar su demora preventiva. El uniformado ue finalmente alojado en la sede de Bomberos de la Policía, una medida excepcional y que evidencia la complejidad institucional del caso, ya que el acusado pertenece a la propia fuerza.
La situación vuelve a poner en discusión la respuesta del sistema judicial en casos de violencia de género, especialmente cuando el acusado forma parte de una institución de poder como la policía. También reabre el debate sobre los privilegios y encubrimientos que, en ocasiones, protegen a agresores bajo uniforme.