Tras el fallo definitivo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani exigirá la restitución de los fondos defraudados. Se avanza en el embargo de bienes y la subasta de propiedades de la exmandataria, sus hijos y el empresario Lázaro Báez.
Luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el Ministerio Público Fiscal prepara medidas para avanzar con el recupero de los fondos desviados del Estado. El fiscal Diego Luciani solicitará que los condenados restituyan voluntariamente el dinero en un plazo de 10 días hábiles, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, se ejecutarán sus patrimonios.
El expediente judicial estima que el perjuicio al Estado asciende a unos 85 mil millones de pesos, una parte de los cuales involucra directamente a la expresidenta. La Justicia se dispone a subastar al menos 27 propiedades asociadas al entorno familiar de Cristina Kirchner, incluidas cinco cocheras en el exclusivo edificio Madero Center y activos de las firmas Hotesur y Los Sauces, entre ellos hoteles y otros inmuebles.
Además, se encuentran retenidos 4,6 millones de dólares en efectivo pertenecientes a Florencia Kirchner, alojados en las cuentas de Hotesur, y otro millón de dólares en una cuenta bancaria a su nombre.
De no mediar restitución voluntaria, también podrían ser embargados los bienes que Cristina Kirchner transfirió a sus hijos, Máximo y Florencia, quienes ya están bajo la lupa judicial por su participación en el manejo del patrimonio familiar.
Por su parte, Lázaro Báez, también condenado en esta causa, enfrenta la posible ejecución de al menos 60 propiedades, en su mayoría localizadas en la Patagonia. La mitad de las obras viales adjudicadas a su empresa fueron abandonadas, pese a que el empresario cobró la totalidad de los contratos. El avance físico de los trabajos apenas alcanzó entre el 16% y el 36% en promedio.
El Estado exige que los condenados respondan con sus bienes personales por el daño ocasionado a las cuentas públicas, una iniciativa que había quedado paralizada durante la gestión de Alberto Fernández.
En paralelo, esta semana también se conoció otra denuncia por desvío de fondos: el exdirigente camporista José Ottavis creó en Corrientes una asociación civil que recibió más de 11 mil millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para obras no concluidas. Aunque el monto es menor, la comparación con el caso Vialidad (que involucra sumas ocho veces superiores) vuelve a poner en el centro del debate la rendición de cuentas y el uso de los recursos públicos.