La desocupación en La Rioja volvió a mostrar señales de deterioro durante el tercer trimestre de 2025. Según el último informe del INDEC, el desempleo alcanzó al 4,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la capital provincial, un incremento significativo en relación con años anteriores y una clara advertencia sobre el rumbo del mercado laboral local.
Hace apenas 12 meses, la misma medición ubicaba la tasa de desempleo en 3,3%, mientras que en igual período de 2023 era del 3,2%. El salto registrado no puede leerse como un dato aislado ni coyuntural: expone el fracaso de las políticas provinciales para sostener el empleo genuino, especialmente en el sector privado, que continúa siendo el más castigado.
Pero el problema va mucho más allá del número de desocupados. El propio informe del INDEC revela una profunda degradación de la calidad del empleo, fenómeno que el Gobierno provincial evita reconocer y mucho menos enfrentar.
Sobre una PEA estimada en 111.000 personas, el 18,4% de los trabajadores ocupados busca otro empleo. En términos concretos, son más de 20.000 riojanos que, aun teniendo trabajo, no logran cubrir sus necesidades básicas debido a la pérdida del poder adquisitivo, consecuencia directa de salarios que corrieron muy por detrás de la inflación. La falta de políticas salariales y de incentivos productivos desde la Provincia empuja a miles de familias a la supervivencia laboral.
A esto se suma otro dato alarmante: el 15,4% de los ocupados trabaja menos de 35 horas semanales, es decir, se encuentra subocupado. El INDEC traduce ese porcentaje en 17.000 personas, una cifra que confirma la expansión del empleo parcial, inestable y de bajos ingresos, sin que el Gobierno riojano muestre una estrategia clara para revertir esta tendencia.
La informalidad laboral es otro de los grandes focos de crisis. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo de la Nación, actualmente hay 27.200 trabajadores registrados en el sector privado en La Rioja, con obra social y aportes patronales. El contraste con años anteriores es contundente: a fines de 2015 esa cifra superaba las 35.000 personas, y durante la gestión presidencial de Mauricio Macri promedió las 33.000.
Este derrumbe no responde únicamente a la pérdida de puestos de trabajo, sino a un proceso silencioso y sostenido de precarización laboral, tolerado —cuando no avalado— por la inacción del Gobierno provincial. En los últimos 24 meses, miles de trabajadores continuaron desempeñándose en las mismas empresas, pero sin aportes, sin obra social y sin derechos, una modalidad que se expandió sin controles efectivos.
Mientras el Ejecutivo provincial insiste en sostener su estructura estatal —donde no se registraron despidos masivos—, el ajuste real recayó sobre el sector privado. Incluso los despidos en el Estado nacional en La Rioja, estimados por ATE en unos 400 trabajadores desde la llegada de La Libertad Avanza, resultan marginales frente al impacto que sufre la actividad privada.
El Parque Industrial, el comercio y la construcción concentran hoy los mayores niveles de despidos, suspensiones y precarización. Sectores que deberían ser el motor del empleo provincial están prácticamente librados a su suerte, sin estímulos, sin créditos productivos y sin una política clara de desarrollo.
Los datos oficiales dejan en evidencia una realidad incómoda: La Rioja no enfrenta una crisis de empleo por falta de trabajadores, sino por falta de gestión, planificación y decisión política. Mientras el Gobierno provincial prioriza el relato, el mercado laboral se deteriora y miles de riojanos quedan atrapados entre la informalidad, el subempleo y la caída constante de sus ingresos.