La oposición en La Rioja elevó al máximo el tono de la confrontación política y puso bajo la lupa el manejo del sistema de transporte público provincial. El diputado Diego Molina Gómez (La Libertad Avanza) presentó un pedido de informes de alto voltaje en la Legislatura, donde denunció presuntas irregularidades en la liquidación de la Empresa de Transporte de La Rioja S.A.U. y el desmantelamiento del programa “Rioja en Bici”, además de lanzar graves acusaciones de enriquecimiento ilícito contra la titular del área, Alcira Brizuela.
La iniciativa legislativa combina control de gestión con denuncias políticas directas y apunta al corazón del esquema administrativo del gobierno. Molina Gómez aseguró que existen inconsistencias financieras, falta de transparencia y un presunto uso discrecional de fondos públicos, y anticipó que, ante un cambio de signo político, se avanzará con el decomiso de bienes de funcionarios.
El proyecto de Resolución exige que el Poder Ejecutivo informe en detalle qué ocurrió y qué ocurre actualmente con los recursos del sistema de transporte público. En particular, cuestiona la liquidación de la Empresa de Transporte de La Rioja S.A.U., dispuesta mediante el Decreto 132/24, un proceso que desde LLA califican como “opaco”.
“Queremos saber dónde están los colectivos, cuál fue el balance de cierre y cuál es el inventario real de unidades y estaciones”, reclamó el legislador. También exigió precisiones sobre el destino de la recaudación y el circuito del dinero: “¿Los fondos ingresan a la SAU o a la Administración Central?”, planteó, además de solicitar la identificación de los liquidadores designados ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).
📷📷 PEDIMOS INFORMES SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO Y RIOJABICI
— Diego Molina Gómez (@diegomolig) January 5, 2026
Desde LLA presentamos un Proyecto de Resolución para que el Gobernador informe qué pasó y qué está pasando con los recursos del sistema de transporte.
Liquidación de la Empresa de Transporte de La Rioja S.A.U. (Dec.… pic.twitter.com/dESFENzEy4
Choferes
Otro punto sensible del pedido de informes está vinculado a la situación laboral de los choferes. Molina Gómez solicitó que se informe bajo qué CUIT patronal se liquida al personal y denunció una presunta precarización encubierta.
Según afirmó, trabajadores que prestan servicios para la sociedad estatal estarían cobrando como empleados públicos, pero sin estar amparados por el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente al sector del transporte, lo que —a su entender— implicaría una vulneración de derechos laborales.
“Rioja en Bici”: bicicletas, contratos y compras directas
El programa “Rioja en Bici” constituye otro de los ejes centrales de la denuncia. El legislador recordó que las estaciones comenzaron a ser retiradas de la ciudad Capital en diciembre de 2025 y exigió explicaciones sobre la cantidad de bicicletas adquiridas al inicio del plan, su estado actual, los costos de mantenimiento y el destino de las unidades reparadas.
También puso el foco en la tecnología del sistema: pidió que se informe quién desarrolló la aplicación, quién posee la titularidad del código fuente y cuánto se paga en concepto de hosting. Desde LLA sostienen que la operatoria se habría realizado mediante contrataciones directas, sin licitaciones visibles o apelando a excepciones, utilizando el CUIT de RiojaBus para servicios financiados con recursos del Tesoro provincial.
La acusación más dura: patrimonio y enriquecimiento ilícito
El tramo más explosivo del planteo fue el referido al patrimonio de la secretaria de Transporte, a quien Molina Gómez aludió sin nombrarla, pero de manera directa. El diputado aseguró que la funcionaria “se convirtió en rica de la noche a la mañana” y habló de la adquisición de vehículos de alta gama y de la construcción de una vivienda en una zona exclusiva de la Capital.
En declaraciones que generaron fuerte repercusión, describió la propiedad como “una casa de diseño arquitectónico ‘narco’ en el barrio Altos del Velasco” y vinculó ese crecimiento patrimonial con el manejo del área de transporte.
Lejos de limitarse a la denuncia, Molina Gómez cerró con una promesa política: afirmó que, si La Libertad Avanza llega al Ejecutivo provincial, esa propiedad será decomisada y destinada a un centro de rehabilitación para víctimas de siniestros viales en 2027.
El pedido de informes ya ingresó formalmente a la Legislatura y anticipa un nuevo capítulo de confrontación entre el oficialismo y la oposición, con el sistema de transporte público y el patrimonio de los funcionarios en el centro de la escena.