La campaña aérea “La Rioja, el camino correcto”, que sobrevoló la Costa Atlántica con un avión y un cartel colgante de gran porte, ya no es un misterio. El Federal pudo confirmar la empresa contratada, el costo por hora y el recorrido completo del vuelo.
Según pudo constatar este medio, la empresa responsable del servicio es HighFly Publicidad Aérea, firma especializada en campañas de alto impacto visual y con presencia habitual en los principales destinos turísticos del país. La propia operatoria del servicio permite reconstruir con precisión el alcance económico de la acción. Entre sus clientes figuran varias instituciones gubernamentales, como Presidencia, Ministerio del interior, Ministerio de Ciencia, de Desarrollo, Turismo y otros.
De acuerdo a la información obtenida por El Federal, el costo de la campaña asciende a 480.000 pesos por hora de vuelo, con una duración efectiva de entre 50 y 60 minutos, variable según las condiciones del viento. Durante ese lapso, la aeronave recorre todas las playas del sector céntrico y norte de Mar del Plata, desde los Acantilados hasta la avenida Constitución, cubriendo así el tramo de mayor concentración turística.
Se trata de un despliegue publicitario de máxima visibilidad, especialmente en temporada alta, cuando la densidad de público en la costa multiplica el impacto del mensaje. Una sola pasada completa garantiza exposición directa ante decenas de miles de personas, lo que convierte a este tipo de acciones en una de las formas más costosas de promoción aérea.
La confirmación del costo y de la empresa contratada vuelve a poner el foco en una pregunta central: ¿qué organismo del Estado provincial autorizó y financió esta campaña? Cabe recordar que el Ministerio de Turismo de La Rioja negó expresamente haber destinado fondos para esta acción, desligándose de cualquier responsabilidad presupuestaria.
La ausencia de información oficial sobre licitaciones, contrataciones directas o partidas utilizadas, sumada al carácter marcadamente político del eslogan, refuerza las sospechas de que se trate de publicidad institucional o de gestión encubierta, ejecutada sin identificación clara del área responsable.
En un contexto de restricciones presupuestarias, reclamos salariales y dificultades sociales en la provincia, el uso de recursos para campañas de este tenor —sin transparencia ni comunicación oficial— vuelve a encender el debate sobre el uso discrecional de fondos públicos y la delgada línea entre promoción turística y propaganda política.
El misterio sigue,¿quién contrató este servicio?