El artículo 191 del proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional encendió una fuerte alarma en las provincias. La iniciativa propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, una decisión que impacta directamente sobre los fondos coparticipables, afectando de lleno a distritos con alta dependencia de esos recursos, como La Rioja.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la aplicación de este artículo significaría para La Rioja una pérdida estimada de $22.493 millones anuales en concepto de coparticipación federal. El dato pone en evidencia el fuerte costo que tendría la medida para las finanzas provinciales.
La baja del impuesto a las ganancias empresariales implica una menor recaudación nacional y, en consecuencia, menos fondos a distribuir entre las provincias. En el caso riojano, el impacto no es menor: se trata de recursos clave para sostener salarios estatales, salud pública, educación, programas sociales y obra pública.
El informe también advierte que San Juan perdería $36.721 millones en un año, cifra que sirve como referencia para dimensionar la magnitud del recorte que sufriría el interior del país si la norma es aprobada sin compensaciones.
Especialistas fiscales sostienen que el artículo 191 beneficia principalmente a grandes empresas, trasladando el costo del alivio impositivo a las provincias. En jurisdicciones con escasa capacidad de recaudación propia, como La Rioja, la quita de coparticipación termina traduciéndose en ajuste, paralización de obras o mayor presión tributaria local.
Mientras el discurso oficial presenta la reforma como una herramienta para incentivar la inversión y el empleo, los números muestran otra cara: menos recursos para los gobiernos provinciales y mayor fragilidad fiscal en un contexto económico ya marcado por la recesión y la caída del consumo.
La discusión del artículo 191 excede lo técnico. Está en juego el federalismo fiscal y la capacidad real de provincias como La Rioja de sostener su funcionamiento básico frente a decisiones tomadas desde Buenos Aires que redistribuyen el costo del ajuste hacia el interior del país.