La causa judicial por la denominada “carrera fantasma” en la sede Villa Unión de la Universidad Nacional de La Rioja sumó un nuevo capítulo con la presentación formal de una ampliación de denuncia penal impulsada por la querella que representa a alumnos damnificados.
El escrito solicita ampliar imputaciones, modificar la calificación legal de los hechos y avanzar con nuevas medidas de prueba, al sostener que la maniobra podría configurar delitos más graves que los investigados hasta el momento.
El abogado querellante José Luis Montaperto pidió al Juzgado Federal ampliar la investigación contra los ya procesados y, además, avanzar sobre autoridades de la sede capital de la universidad que, según la presentación, habrían tenido conocimiento de las irregularidades o habrían omitido denunciarlas. Entre los funcionarios cuya investigación se solicita figuran el exrector Fabián Alejandro Calderón, el exvicerrector José Gaspanello, la decana Silvina Schap, el secretario académico Marcelo Martínez, el director de Informática Daniel De La Vega y el funcionario Miguel Molina.
La ampliación de denuncia plantea un cambio de calificación legal y sostiene que los hechos podrían encuadrarse en delitos de estafa, falsedad ideológica de instrumento público y malversación de caudales públicos, en concurso real. Según la querella, la investigación no debería limitarse a un incumplimiento de deberes, sino analizar una presunta estructura que habría permitido el funcionamiento de una carrera sin acreditación formal durante más de un año.
El escrito también sostiene que existiría responsabilidad por omisión de denuncia de parte de autoridades que habrían tomado conocimiento de la situación. En ese sentido, la presentación advierte que la inacción institucional podría configurar complicidad o encubrimiento agravado si se comprueba que el engaño continuó pese a advertencias internas.
Otro de los puntos centrales del planteo es el pedido de nuevas medidas de prueba. La querella solicitó que se cite a declarar a los docentes que dictaron materias en la sede Villa Unión para determinar quién los designó, bajo qué modalidad trabajaron y cómo se financiaron traslados, viáticos y honorarios. También se requirió pericias sobre actas de examen y documentación académica cuestionada, con el objetivo de verificar posibles irregularidades o falsificaciones.
Además, la presentación advierte sobre el paso del tiempo en la causa y solicita evitar la prescripción de la acción penal, argumentando que la ampliación de denuncia y las nuevas medidas constituyen actos de persecución penal que interrumpen ese plazo. La querella sostiene que la gravedad de los hechos investigados exige avanzar con imputaciones más amplias y determinar responsabilidades institucionales.
En paralelo, el abogado de los estudiantes anticipó que en los próximos días avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios contra la institución, con reclamos individuales que podrían alcanzar montos millonarios por cada alumno afectado.
El abogado Montaperto adelantó a El Federal, que el monto rondaría los mil millones de pesos
La causa continúa en etapa de investigación y ahora será la Justicia federal la que deberá resolver si hace lugar a la ampliación de denuncia, el cambio de calificación legal y los pedidos de indagatoria a exautoridades de la universidad.