El anuncio del Gobierno de La Rioja sobre la creación de un registro obligatorio para los proveedores formales de préstamos que operan en la provincia abrió un nuevo debate sobre los controles que ya existen a nivel nacional para las empresas que otorgan créditos personales.
La medida fue presentada por el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, quien informó que todas las entidades y empresas dedicadas a ofrecer préstamos en territorio riojano deberán inscribirse en un registro provincial. Según explicó, el objetivo será monitorear las condiciones en las que se otorgan los créditos y prevenir posibles situaciones de abuso financiero.
“Todos los proveedores formales de préstamos en el ámbito de la provincia se van a tener que inscribir en un registro”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa.
Sin embargo, el anuncio deja abierta una pregunta central: ¿qué ocurrirá con los controles que ya ejerce el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre este tipo de actividades?
Un registro que ya existe a nivel nacional
Actualmente, las empresas que otorgan créditos de manera habitual al público, sin ser bancos, pueden estar obligadas a inscribirse ante el Banco Central como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC).
A través de este registro, el organismo nacional supervisa a compañías financieras, mutuales, fintech y otras entidades que ofrecen préstamos, exigiéndoles el cumplimiento de normas vinculadas a la transparencia de la información, publicidad de tasas de interés, protección de usuarios y presentación de información periódica.
En este contexto, surge el interrogante sobre si el nuevo registro provincial exigirá como requisito que las empresas acrediten previamente su inscripción ante el Banco Central o si funcionará de manera independiente.
Doble control o superposición
Especialistas consultados por distintos medios sostienen que las provincias pueden crear registros propios con fines estadísticos, administrativos o de fiscalización local. Sin embargo, la regulación de la actividad financiera y crediticia continúa siendo una facultad nacional delegada al Banco Central.
Por ese motivo, el alcance real de la medida anunciada por el Gobierno riojano dependerá de cómo sea reglamentada y cuáles serán las exigencias para quienes operen en el mercado de préstamos.
La principal duda pasa por determinar si el registro provincial complementará los controles nacionales ya existentes o si incorporará mecanismos adicionales para supervisar a las empresas que ofrecen financiamiento a los ciudadanos riojanos.
Las preguntas que aún esperan respuesta
Tras el anuncio oficial, quedan varios interrogantes abiertos:
- ¿Será obligatorio acreditar inscripción ante el Banco Central para formar parte del registro provincial?
- ¿Qué ocurrirá con las empresas que operan en La Rioja sin figurar en los registros nacionales?
- ¿Qué organismo provincial realizará las inspecciones y controles?
- ¿Habrá sanciones para quienes no se registren?
- ¿El registro alcanzará a mutuales, financieras, fintech y prestamistas particulares?
Mientras el Gobierno provincial avanza con la implementación de la medida, el debate ya está planteado: si el objetivo es proteger a los usuarios y evitar abusos financieros, la clave estará en conocer cómo se articulará el nuevo sistema de control con las facultades que actualmente ejerce el Banco Central sobre el mercado crediticio argentino.