Un grupo de abogados de la provincia de La Rioja lanzó una convocatoria urgente para este miércoles con el objetivo de analizar y coordinar acciones judiciales contra las recientes leyes provinciales que suspenden procesos ejecutivos y medidas cautelares vinculadas al cobro de créditos.
Según la convocatoria difundida en las últimas horas, los profesionales se reunirán el jueves 3 de septiembre a las 12:00 horas en la sede del Consejo de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja, donde debatirán la presentación de un Amparo de Inconstitucionalidad contra las Leyes Provinciales N.º 10.896 y 10.901.
Los abogados sostienen que ambas normas generan preocupación dentro del ámbito jurídico debido a su impacto sobre los procesos judiciales en curso y sobre los derechos de acreedores y profesionales que intervienen en ejecuciones civiles y comerciales.
La convocatoria tiene como finalidad delinear una estrategia común frente a la vigencia de estas leyes, que fueron sancionadas en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno provincial para suspender temporalmente determinadas ejecuciones y brindar alivio financiero a sectores alcanzados por la crisis económica.
Desde distintos sectores del foro local consideran que la normativa podría vulnerar principios constitucionales vinculados al derecho de propiedad, la seguridad jurídica y la división de poderes, argumentos que serían incluidos en la futura presentación judicial.
La reunión está abierta a los profesionales interesados en participar de la iniciativa y analizar las posibles consecuencias legales e institucionales derivadas de la aplicación de estas normas.
La convocatoria se produce en medio de un creciente debate sobre las medidas adoptadas por la Provincia para intervenir en el sistema de créditos y cobranzas, una discusión que ahora suma un nuevo capítulo en el ámbito judicial con la posibilidad de que la constitucionalidad de las leyes sea revisada por los tribunales.
El encuentro de este jueves podría marcar el inicio de una ofensiva judicial que buscará dejar sin efecto las normas cuestionadas y abrir un fuerte debate sobre los límites de la intervención estatal en las relaciones entre acreedores y deudores.