Por Angel Flores
La credibilidad de la Justicia riojana enfrenta uno de sus mayores desafíos institucionales de los últimos años.
La abogada Eva Maricel Wamba Ortiz presentó una acción de amparo contra el Consejo de la Magistratura de La Rioja, organismo presidido por la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Ana Karina Becerra. La demanda apunta contra dos artículos clave del nuevo reglamento aprobado en agosto de 2026 y sostiene que el sistema de selección de magistrados abre la puerta a decisiones arbitrarias y reduce la transparencia en la designación de jueces, fiscales y defensores.
La denuncia golpea directamente al corazón del mecanismo que determinará quiénes tendrán la responsabilidad de juzgar, investigar delitos y decidir sobre la libertad, los bienes y los derechos de los ciudadanos riojanos.
Para comprender la gravedad del planteo, hay que traducir el lenguaje jurídico a términos simples.
El nuevo reglamento establece que los concursos para seleccionar magistrados se califican sobre 100 puntos. De ese total, apenas 16 corresponden a antecedentes académicos y profesionales, mientras que una entrevista personal puede otorgar hasta 34 puntos. El examen escrito representa 50 puntos.
La crítica de Wamba Ortiz es contundente: un abogado puede haber realizado doctorados, maestrías, especializaciones, tener décadas de experiencia y obtener una excelente calificación técnica, pero aun así quedar relegado por una entrevista cuya evaluación carecería de parámetros objetivos claramente definidos.
La pregunta que plantea la demanda es inquietante:
¿Cómo se controla una entrevista que puede definir quién será juez si no existen criterios transparentes para evaluar las respuestas?
Según la presentación judicial, las entrevistas personales no tienen obligación expresa de ser grabadas ni difundidas públicamente. Tampoco existiría una exigencia reglamentaria que obligue a justificar detalladamente por qué se otorgó determinada puntuación a cada postulante.
Para cualquier ciudadano común esto significa algo muy sencillo:
Si un concursante obtiene una nota baja en esa instancia decisiva, podría no saber exactamente por qué ocurrió ni contar con herramientas efectivas para cuestionarla.
La situación genera preocupación porque la entrevista representa más de un tercio del puntaje total y puede alterar completamente el resultado final del concurso.
Pero la polémica no termina allí.
La demanda también cuestiona el artículo 91 del reglamento, al considerar que limita severamente las posibilidades de impugnar decisiones que pudieran resultar arbitrarias.
Según explicó la propia abogada, el reglamento contempla reclamos vinculados a cuestiones formales o materiales, pero no habilitaría mecanismos efectivos para revisar decisiones de fondo relacionadas con evaluaciones, exámenes o entrevistas.
Traducido al lenguaje cotidiano:
Si un postulante considera que fue perjudicado injustamente, tendría enormes dificultades para cuestionar la decisión.
Esa situación, sostiene el planteo, debilita las garantías de transparencia que deberían regir cualquier concurso público para cargos judiciales.
La discusión excede ampliamente la situación de un postulante.
El Consejo de la Magistratura tiene la función constitucional de seleccionar a quienes ocuparán los cargos más importantes de la Justicia provincial. Su misión es garantizar que lleguen los más capacitados y no los mejor vinculados políticamente.
Por esa razón, la demanda pone bajo cuestionamiento el modelo impulsado por la actual conducción encabezada por Ana Karina Becerra, quien presidió el organismo durante la aprobación del nuevo reglamento.
Si la Justicia considera que los artículos cuestionados vulneran principios constitucionales de transparencia, igualdad y control de legalidad, el impacto podría extenderse a futuros concursos y obligar a revisar aspectos centrales del sistema de selección.
Más allá de nombres propios y disputas jurídicas, el planteo deja una pregunta incómoda para las instituciones riojanas:
¿Los futuros jueces serán elegidos principalmente por sus méritos, conocimientos y antecedentes, o por una entrevista cuya evaluación queda en manos de un reducido grupo de personas sin controles públicos suficientes?
La respuesta ya no será política.
Ahora deberá darla la Justicia.
Porque cuando la ciudadanía comienza a desconfiar de cómo se eligen los jueces, lo que entra en crisis no es solamente un reglamento: es la confianza en todo el sistema judicial.