El juez de Instrucción N.º 1 de La Rioja, Daniel Barría, rechazó incorporar al expediente el peritaje presentado por la familia de la joven fallecida. El documento, elaborado por el médico forense Mario Vignolo, fue retirado del cuerpo principal de las actuaciones y quedó bajo resguardo judicial. La querella prepara una apelación para intentar revertir la decisión.
La investigación por la muerte de Ilda Goyochea sumó un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner el foco sobre las pruebas reunidas en una causa que mantiene en vilo a la familia y genera interrogantes en la sociedad riojana.
Mediante una resolución fechada el 14 de octubre de 2026, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de La Rioja resolvió rechazar la incorporación formal al expediente del informe médico criminalístico presentado por la querella. El estudio fue elaborado por el médico forense Mario Vignolo, convocado por los familiares para analizar las circunstancias de la lesión que provocó la muerte de la joven.
La decisión representa un revés procesal para la familia, que reclama que se profundice la investigación y que se examinen todas las hipótesis posibles sobre lo ocurrido.
Un informe que cuestiona la hipótesis del accidente
Mario Vignolo, médico forense, psiquiatra y criminólogo con trayectoria en medicina legal, intervino a pedido de la familia para realizar un análisis técnico relacionado con la lesión sufrida por Ilda y la mecánica del hecho.
De acuerdo con lo publicado anteriormente por medios riojanos, una de las principales conclusiones atribuidas al profesional es que la muerte no habría sido consecuencia de un accidente, hipótesis que los familiares cuestionan desde el comienzo de la causa. El contenido íntegro del informe, sin embargo, no fue difundido oficialmente.
El 29 de septiembre, Vignolo se presentó ante el juez Daniel Barría y participó de una instancia vinculada con su intervención como perito de parte y su declaración testimonial. En ese momento, la causa se encontraba bajo reserva, por lo que no trascendieron públicamente los detalles completos de su exposición.
La presentación del informe había sido impulsada por la familia con la expectativa de que sus conclusiones fueran evaluadas junto con los demás elementos reunidos durante la instrucción.
El documento quedó bajo resguardo judicial
Según la resolución informada, el magistrado consideró que el documento no reunía las condiciones procesales necesarias para ser admitido como elemento probatorio en los términos exigidos por la normativa aplicable.
Como consecuencia, ordenó el desglose del escrito y su retiro material del expediente principal.
El informe deberá permanecer bajo resguardo en la Secretaría del juzgado, dentro de un sobre cerrado
La medida también establece una restricción expresa sobre la difusión de su contenido: las partes fueron intimadas a abstenerse de comunicar el informe a terceros ajenos al proceso, bajo apercibimiento de ley.
De esta manera, el documento queda fuera del expediente principal en esta instancia, mientras se mantiene bajo custodia judicial y sujeto a las restricciones dispuestas por el magistrado.
La querella prepara una apelación
La familia busca que la decisión sea revisada por un tribunal superior. La apelación apunta a revertir el rechazo y conseguir que el trabajo pericial pueda ser incorporado formalmente a las actuaciones.
El planteo adquiere relevancia porque el informe fue encargado precisamente para aportar una evaluación técnica independiente sobre aspectos médicos y criminalísticos de la muerte de Ilda.
No obstante, es importante distinguir dos cuestiones: el rechazo de la incorporación formal de un documento no equivale, por sí solo, a una declaración judicial de que sus conclusiones sean falsas. Tampoco permite afirmar que el contenido haya sido descartado definitivamente de toda consideración futura sin conocer el alcance completo de la resolución y el resultado de los recursos que puedan presentarse.
La apelación será, por lo tanto, una instancia determinante para conocer si la exclusión se mantiene o si el tribunal revisor dispone una solución diferente.
Una causa que todavía exige respuestas
La investigación por la muerte de Ilda Goyochea ya había atravesado otros movimientos judiciales. En agosto, el juez subrogante Daniel Barría dispuso que los dos imputados continuaran bajo prisión domiciliaria, con restricciones y controles, en reemplazo de su alojamiento en un establecimiento de detención. También se ordenó la reserva de las actuaciones para preservar la investigación.
Esa decisión sobre las medidas de coerción fue independiente de la discusión actual sobre el informe de Vignolo.
Ahora, el foco vuelve a estar puesto en el tratamiento de las pruebas y en las posibilidades de la querella de lograr que su peritaje sea admitido. Mientras tanto, la familia continúa reclamando que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento.
La pregunta central sigue sin una respuesta judicial definitiva: qué ocurrió con Ilda Goyochea y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su muerte. La evolución de la investigación y la resolución de los planteos pendientes serán claves para determinar cómo continúa el proceso.