El despliegue de efectivos, vehículos y equipamiento militar en localidades de Arauco y Castro Barros generó inquietud entre los vecinos, especialmente en Anillaco. Mientras la Policía había difundido recomendaciones preventivas, la Provincia aseguró que algunas maniobras excedieron lo que se había informado originalmente y anunció que pedirá explicaciones.
La presencia de efectivos del Ejército Argentino, uniformados con equipamiento de combate y vehículos militares en distintas localidades del norte riojano provocó sorpresa, preocupación y una serie de interrogantes entre los habitantes de los departamentos Arauco y Castro Barros.
El episodio se produjo en el marco del ejercicio táctico “Pegaso 6”, una operación de adiestramiento militar prevista entre el 23 y el 29 de octubre, que incluye movimientos de tropas, operaciones aéreas, despliegue logístico y lanzamiento de paracaidistas.
Sin embargo, lo que inicialmente había sido presentado como una actividad de entrenamiento militar terminó generando cuestionamientos por la presencia de efectivos en sectores poblados, la proximidad de las maniobras a viviendas y espacios de circulación habitual, y la falta de información específica que, según manifestaron vecinos, les permitiera conocer de antemano el alcance de las prácticas.
Anillaco, en el centro de la preocupación
Uno de los puntos donde se hizo más visible el malestar fue Anillaco, en el departamento Castro Barros. Allí, la presencia de personal militar con equipamiento de combate sorprendió a habitantes que no esperaban encontrarse con ese tipo de despliegue en sectores de la localidad.
A través de publicaciones y pronunciamientos difundidos públicamente, vecinos de Arauco y Castro Barros reclamaron explicaciones sobre las características de los ejercicios, los lugares donde se desarrollarían y las medidas previstas para proteger a la población.
Bajo la consigna “Nuestros pueblos no son campos de entrenamiento militar”, habitantes de la zona expresaron su rechazo a las prácticas que consideran riesgosas en espacios poblados y reclamaron información pública sobre las autorizaciones, los protocolos de seguridad y las responsabilidades institucionales.
Los planteos también apuntaron a la necesidad de resguardar a niños, adolescentes y personas que circulan cotidianamente por las zonas donde se registró la presencia de efectivos y armamento.
Hasta el momento, los cuestionamientos vecinales no permiten establecer por sí solos si hubo incumplimientos de los protocolos militares ni determinar si las maniobras realizadas dentro de sectores poblados estaban contempladas en la planificación original.
Qué dijo la Policía de La Rioja
Antes de que se profundizaran los cuestionamientos, la Policía provincial había difundido información preventiva sobre el ejercicio Pegaso 6 a través de la Unidad Regional III, correspondiente a la Región Norte.
Según el aviso policial, las actividades estaban previstas durante las 24 horas, bajo la responsabilidad de la IV Brigada Aerotransportada del Ejército Argentino, con movimientos de personal y vehículos militares, operaciones aéreas y lanzamiento de paracaidistas.
Entre las áreas mencionadas figuraba el sector de Señor de la Peña, en el departamento Arauco. También se anunciaron actividades vinculadas con la incorporación de soldados voluntarios en los departamentos Arauco y Castro Barros.
La fuerza provincial solicitó a vecinos, conductores y visitantes que extremaran las precauciones y respetaran las indicaciones del personal militar y policial.
Las recomendaciones incluyeron:
- No ingresar ni acercarse a las zonas destinadas a los ejercicios o al lanzamiento de paracaidistas.
- Circular con precaución ante la presencia de vehículos militares.
- Mantener a los menores alejados de las áreas operativas.
- No acercarse a lugares no habilitados para fotografiar o filmar las maniobras.
- No tocar ni recoger objetos desconocidos, posibles municiones u otros elementos encontrados en el terreno.
- Alejarse de cualquier objeto sospechoso y comunicar inmediatamente el hallazgo a las autoridades.
La comunicación policial daba cuenta de un despliegue militar de importancia. Sin embargo, una de las cuestiones que surgió posteriormente fue si la información difundida resultó suficiente para que los habitantes conocieran dónde y cómo se desarrollarían las actividades, particularmente en los sectores poblados.
La respuesta del Gobierno provincial: aseguró que no fue informado
La reacción del Gobierno de La Rioja agregó un nuevo elemento a la controversia.
El lunes 26 de octubre, el Ejecutivo provincial informó que no había recibido comunicación previa sobre las maniobras militares desarrolladas en sectores poblados de Anillaco.
A través de un comunicado, la Provincia sostuvo que las actividades realizadas excedieron los alcances de las prácticas que habían sido informadas originalmente.
Ante esa situación, anunció que solicitaría los informes correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
El Gobierno también expresó que comprende la preocupación de los vecinos y remarcó que las actividades de esta naturaleza deben desarrollarse bajo estrictas condiciones de seguridad, planificación y coordinación institucional.
Además, señaló que impulsaría medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y reclamó que este tipo de operativos cuente con la debida supervisión y coordinación con las autoridades provinciales.
La declaración abrió un interrogante institucional: si el despliegue estaba previsto y la Policía había difundido recomendaciones preventivas, ¿qué aspectos de las maniobras no habían sido comunicados previamente al Ejecutivo provincial?
La respuesta deberá surgir de los informes que solicite la Provincia y de las explicaciones que brinden las autoridades militares responsables del ejercicio.
Un operativo militar que abrió interrogantes
El ejercicio Pegaso 6 está a cargo de la IV Brigada Aerotransportada y contempla actividades de adiestramiento terrestre y aéreo, con presencia de efectivos y equipamiento militar en distintos puntos de Arauco y Castro Barros.
En la zona del Señor de la Peña se realizaron maniobras de lanzamiento de paracaidistas, mientras que la llegada de un avión Hércules al aeropuerto provincial también formó parte de las imágenes que trascendieron durante el despliegue.
Las prácticas de este tipo forman parte del entrenamiento de las unidades militares. No obstante, cuando las actividades se desarrollan cerca de comunidades habitadas, la comunicación previa, la delimitación de las zonas operativas y la coordinación con las autoridades locales adquieren especial importancia.
En este caso, la preocupación vecinal y el pronunciamiento del Gobierno provincial colocaron el foco no solamente en el ejercicio militar, sino también en la información que recibieron los habitantes y en los mecanismos de coordinación entre las instituciones.
Las preguntas que esperan respuesta
La controversia deja planteados varios interrogantes que todavía requieren precisiones oficiales:
- ¿Qué maniobras estaban previstas originalmente y cuáles se realizaron efectivamente dentro de sectores poblados?
- ¿Qué información recibió la Policía y qué aspectos del operativo fueron comunicados al Gobierno provincial?
- ¿Qué coordinación existió con las autoridades municipales de Arauco y Castro Barros?
- ¿Qué protocolos se aplicaron para garantizar la seguridad de los vecinos durante las prácticas?
- ¿Qué explicaciones brindará la IV Brigada Aerotransportada sobre las actividades cuestionadas?
Hasta contar con documentación y respuestas oficiales, no corresponde dar por acreditada la existencia de irregularidades ni atribuir responsabilidades concretas.
Lo que sí quedó expuesto es la preocupación de habitantes que reclamaron mayor información y la decisión del Gobierno provincial de pedir explicaciones sobre maniobras que, según afirmó, no le habían sido comunicadas previamente en los términos en que finalmente se desarrollaron.
El desafío ahora será determinar qué ocurrió, qué información se compartió entre las autoridades y qué medidas se adoptarán para garantizar que el entrenamiento militar pueda desarrollarse con las condiciones de seguridad y coordinación que exige la presencia de comunidades en el territorio.