Por Angel Flores
El Federal publicó las imágenes de un operativo en el que, según un testigo, diez cajas cargadas de dinero salieron del Banco Rioja durante la gestión de Luis Beder Herrera. La denuncia periodística vinculó el episodio con fondos nacionales destinados a programas sociales y organizaciones no gubernamentales. Más de una década después, la pregunta sigue abierta: ¿qué investigó la Justicia y por qué esos videos no habrían sido incorporados a la causa de las ONG?
El 22 de noviembre de 2015, Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales y marcó el final de doce años de kirchnerismo en el poder. Al día siguiente, en La Rioja, ocurrió un episodio que años más tarde volvería a sacudir el escenario político provincial: la salida de diez cajas del Banco Rioja, fuera del horario bancario, en una secuencia registrada por cámaras de seguridad.
El 22 de noviembre de 2025, El Federal Online volvió a publicar los videos y los testimonios que habían permanecido fuera de la discusión pública durante años, en lo que significó en la mayor investigación periodistica por un medio de La Rioja.
Las imágenes mostraban a personas retirando cajas por una puerta lateral del banco, sobre calle Rivadavia, y cargándolas en un automóvil particular Volkswagen Gol, en una secuencia que, según la fuente que aportó el material, se habría desarrollado bajo custodia policial.
Lo que durante años había circulado como rumor en las calles riojanas adquirió otra dimensión cuando aparecieron las grabaciones. Ya no se trataba solamente de versiones: existían imágenes que permitían observar movimientos concretos y planteaban interrogantes sobre el procedimiento, el contenido de las cajas y el destino del dinero.
Diez cajas, un auto particular y una denuncia que exigía explicaciones
Según el testimonio que recibió El Federal, el operativo habría sido organizado por el contador Alejandro Ticac, quien había trabajado en el sector de cajas del Banco Rioja y posteriormente se desempeñó en el ámbito del Ministerio de Hacienda provincial, durante la gestión de Ricardo Guerra.
La publicación periodística de 2025 identificó a Ticac como la persona que habría coordinado la salida de las cajas. También señaló la cercanía política y funcional que, según la fuente, existía entre él, Guerra y el entonces gobernador Beder Herrera.
Uno de los registros difundidos mostraba la secuencia desde el exterior del edificio. El segundo permitía observar el movimiento desde otra perspectiva, correspondiente a la cámara de seguridad que daba a la puerta lateral de calle Rivadavia.
¿Qué contenían las cajas? ¿Quién autorizó el retiro? ¿Por qué se habría realizado fuera del horario bancario? ¿Qué documentación respaldaba la operación?
Esas son algunas de las preguntas que el material planteaba y que requerían respuestas oficiales y una investigación judicial capaz de establecer qué ocurrió.
La denuncia sobre los fondos nacionales
El testigo que aportó la información a El Federal sostuvo que el dinero retirado correspondía a partidas enviadas desde el Estado nacional para programas de vivienda y otras iniciativas, cuyos recursos posteriormente habrían sido distribuidos a fundaciones y ONG.
La misma fuente estimó que el monto involucrado rondaría los 800 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra corresponde a una estimación testimonial publicada por este medio y necesita ser contrastada con documentación bancaria, registros contables y actuaciones judiciales.
El denunciante también afirmó que se habrían apagado las cámaras internas del banco para impedir que quedara registrado el conteo del dinero. Se trata de una acusación que requiere corroboración documental y técnica.
La gravedad de estas afirmaciones no reside únicamente en el volumen de dinero mencionado. Si se tratara de fondos públicos destinados a programas específicos, resultaría indispensable establecer quiénes fueron sus beneficiarios, cómo se autorizaron los movimientos y si existieron rendiciones de cuentas.
La conexión con la causa de las ONG
La publicación de los videos abrió un interrogante central sobre la investigación judicial vinculada con las organizaciones no gubernamentales y el manejo de fondos públicos en La Rioja.
Según el planteo de El Federal, las imágenes podrían aportar elementos relevantes para reconstruir el circuito del dinero. Sin embargo, para determinar su valor probatorio es necesario conocer si fueron formalmente presentadas, si se solicitó su incorporación al expediente, si se realizaron peritajes y qué resoluciones adoptó el juzgado.
El juez Daniel Piedrabuena quedó en el centro de los cuestionamientos periodísticos por el tratamiento que, según la denuncia, habría recibido este material. La pregunta es concreta: ¿los videos fueron incorporados formalmente a la causa y se ordenaron medidas para verificar lo que muestran?
Si el material fue presentado y no se adoptaron medidas para examinarlo, corresponde conocer los fundamentos de esa decisión. Si nunca fue incorporado formalmente, resulta necesario establecer por qué y qué vías procesales existen para que sea evaluado.
Hasta contar con el expediente y las resoluciones correspondientes, no es posible afirmar como hecho probado que el magistrado haya omitido deliberadamente una prueba ni atribuirle una intención de proteger a determinados funcionarios.
Los nombres que aparecen alrededor del episodio
La investigación periodística identificó a Alejandro Ticac y a Ricardo Guerra en relación con el episodio. La publicación también señaló los vínculos políticos y funcionales de ambos con el gobierno de Beder Herrera.
El propio texto difundido en 2025 consignó que Ticac trabajaba en EDELaR y que Guerra se desempeñaba como síndico del Banco Rioja. Esos datos corresponden a lo informado entonces y deberían actualizarse mediante registros oficiales antes de ser presentados como situación vigente.
Pero las responsabilidades individuales no pueden establecerse solamente a partir de una secuencia de video o de relaciones políticas. Es necesario determinar quién dio las órdenes, quién autorizó los movimientos, cuál era la naturaleza de los fondos y si existió alguna conducta penalmente relevante.
La Justicia tiene herramientas para hacerlo: requerimientos bancarios, documentación administrativa, peritajes audiovisuales, registros de cámaras, testimonios y trazabilidad de las transferencias.
Once años después, las preguntas siguen vigentes
El episodio ocurrió en noviembre de 2015. La publicación original de El Federal y la posterior difusión de las grabaciones pusieron en circulación un material que merece ser examinado en su contexto completo.
Las imágenes, por sí solas, no permiten determinar cuánto dinero había en las cajas ni demostrar el destino final de los fondos. Pero constituyen un punto de partida verificable para formular preguntas y solicitar documentación.
En una causa relacionada con el manejo de recursos públicos, la transparencia exige que las pruebas relevantes sean examinadas y que las decisiones judiciales tengan fundamentos conocidos.
El Federal puso los videos a disposición de la opinión pública. Ahora, el interrogante es qué hizo la Justicia con ese material. Nada
¿Se investigó el origen del dinero? ¿Se reconstruyó su recorrido? ¿Se identificó a los responsables de autorizar el retiro? ¿Se verificó la relación entre esas cajas y los fondos destinados a las ONG?
A once años de aquella secuencia, La Rioja todavía necesita respuestas documentadas. Porque cuando se trata de recursos públicos, el paso del tiempo no debería reemplazar la investigación ni convertir las preguntas pendientes en un expediente condenado al silencio.