El contexto de la pandemia 2020 aceleró el proceso de digitalización en todas las áreas de la economía, incluido como era de esperar, el ámbito del trabajo. Esto obligó a las empresas a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para realizar “experimentos” de trabajo en casa o home office. Y como no se podía circular libremente por las calles para evitar el contacto y un posible contagio, hubo un auge enorme de las plataformas digitales de delivery. Sin embargo, como todo cambio repentino que abre la posibilidad de nuevas formas de trabajo, también coexisten con ellas los vacíos legales y las irregularidades.
En el caso de los deliveries enfrentan el dilema de ganar hasta 80 mil pesos por semana, pero precarizados y con el temor constante a morir atropellados.
En Mendoza, Juan Manuel López Bernues (30) falleció en un accidente en Luján el 21 de abril de 2020; Emiliano Concina (31) perdió la vida en un choque en agosto de 2021; Brian Ibarra (24) corrió la misma desgracia en Chacras de Coria en 2020; Hugo Jaime (54) murió de la misma manera en 2019 en Godoy Cruz. El caso más reciente fue el de Jeniree Beatríz Silva (33), que fue atropellada y falleció en el acto en Dorrego el 23 de abril de este año.
El panorama habilitó transformaciones tecnológicas en el mundo laboral que aceleraron los cambios en las relaciones y vínculos de trabajo. “Este complejo escenario nos sitúa ante el desafío de modificar, adaptar y/o reformar los marcos institucionales y adecuar los institutos laborales para que el cambio tecnológico contribuya al bienestar de los trabajadores y no se constituya en un retroceso en materia de derechos”, argumenta un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que quiere registrar a los trabajadores de Pedidos Ya, Rapi y todas las app de reparto.
Su autor es Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador provincial por La Plata. “El proyecto es solamente un registro provincial único y obligatorio de repartidores, y me parece imprescindible. Hoy las empresas no reconocen los derechos de sus trabajadores”, argumentó a en declaraciones a Radio Urbana.
El legislador indica que el registro para repartidores de aplicaciones servirá ya que “los trabajadores tienen los derechos pero las empresas no los cumplen”.
El caso en Mendoza
Iván lleva más de dos años trabajando en Pedidos Ya y confesó que a pesar de no haber visto en detalle el proyecto de ley, le parace bien.
“Sería una buena idea pero dudo que la empresa lo quiera, es media arisca con los aumentos de sueldo, me imagino con ponernos en blanco. Pero si es Ley, bienvenida sea”, señaló al POST el repartidor.
Hoy en día, un trabajador puede llegar a ganar $80.000 pesos a la semana dependiendo los horarios de conexión -quiere decir que está disponible- y según la necesidad de los clientes.
El proyecto de ley habilitaría el registro y el acceso a éste, “a petición de parte para los trabajadores/as y Organizaciones Sindicales. Asimismo, podrán requerir información del mismo, tanto los organismos provinciales, municipales y/o judiciales u otros que a mérito del Ministerio de Trabajo lo justifique. El acceso a este registro, se hará respetando los derechos de privacidad de los datos y/o información allí consignada”.
Por lo tanto, permitiría que se sindicalicen, algo que hoy no sucede. Pero eso, ¿es bueno o malo? “Depende, según que tipo de sindicato”, opinó Iván.
Nicolás Ramírez, en representación de los repartidores, comentó al POST que además de los accidentes de tránsito e inseguridad los controles viales se “ensañan” con ellos. “Nos persiguen, nos paran hasta tres veces por día. Tenemos un determinado tiempo para entregar el pedido. La empresa no se hace cargo de nada, no tiene oficina acá y no responde”, señaló Nicolás.
Inseguridad
El martes 25 de abril en la Legislatura de Mendoza hubo un reclamo para pedir más seguridad para los repartidores. “Pasa que somos los primeros en tener inseguridad. Nos roban y nadie hace nada, ni la empresa. Salvo el seguro, chocamos y la empresa se lava las manos. Un celular, plata nuestra, la moto. Los únicos que perdemos somos nosotros, como siempre”, comentó Iván.
“No nos respetan tampoco en el tráfico, aunque ojo, también he visto varios repartidores que manejan como se les da la gana”, agregó.
Multas millonarias para Rappi y PedidosYa
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
“Un relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la cartera productiva provincial, constató que ambas empresas, mediante sus plataformas digitales, además del gasto por envío cobran un cargo extra denominado tarifa por servicio que se trataría a priori de un costo adicional empresario que se traslada a los consumidores y se adiciona a todos los cargos ya abonados por un mismo servicio”, señaló el Gobierno de Buenos Aires.
La multa es porque las empresas no brindan información detallada y precisa respecto a cuál es el motivo ni la composición de esa tarifa por servicio y obligan a usuarios y usuarias a pagarlo para finalizar la compra, ya que no permiten rechazar el cargo. “De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas”, indican.
Ahora, las empresas tienen 5 días hábiles para presentar su descargo.
Qué dicen las empresas
Según Sergio Siciliano, diputado del PRO de Buenos Aires y autor de un proyecto alternativo, en declaraciones a Infobae, señaló que las empresas Rappi y Pedidos YA ya anunciaron que, de aprobarse esta ley, “abandonarían sus operaciones en la provincia de Buenos Aires, lo que afectaría a más de 25.000 trabajadores que hace delivery a través de estas plataformas”.
Qué dice Pedidos Ya
El Post hizo reiterados intentos por conseguir la palabra de ejecutivos de la franquicia en nuestra provincia. Si bien cuentan con una oficina en un edificio de coworking en calle Emilio Civit, no hubo nadie dispuesto a opinar, ni del proyecto de regulación ni del reclamo de los trabajadores. A través de su equipo de prensa manifestaron a este medio que no tienen ningún comentario que hacer al respecto.
El proyecto de ley de Plaini
Por Federico Lemos
Mendoza Post